El president en el exilio Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras han pedido al Tribunal de Cuentas (TCu) que desestime las reclamaciones de la Fiscalía y de Sociedad Civil Catalana (SCC), a las cuales acusa de haber hecho una reclamación "genérica", e insisten en que "no hay ningún ilícito contable" en la organización del 1-O y el gasto exterior porque el Govern ejerció sus competencias, según los escritos de conclusiones presentados por sus abogados este viernes y en la cual ha tenido acceso ElNacional.cat. La Fiscalía reclama a Puigdemont, Junqueras y 33 excargos del Govern de Junts y ERC que devuelvan a la Generalitat 3,2 millones de euros, y Sociedad Civil Catalana, 4,9 millones por los gastos del 1-O y de la promoción de la independencia de Catalunya en el exterior entre los años 2011 y 2017.
"Hay un afán de criminalizar a la Generalitat", afirma Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, del cual sostiene que se les hace responsable de todo gasto solo por el hecho de ser el máximo representante del Govern. Marc Marsal, abogado de Junqueras, también destaca que se les quiere castigar "por gastos no recogidos en la sentencia penal del Supremo", que el Govern mantiene sus competencias en política exterior, y reitera en pedir que se pare el procedimiento por la aprobación inminente de la ley de amnistía, que ha de incluir este caso. "No procede en sede de responsabilidad contable que el Tribunal de Cuentas dicte una suerte de declaración de inconstitucionalidad de toda la actividad exterior de la Generalitat de Catalunya", denuncia Marsal.
Vulneración de derechos
En los respectivos escritos, los letrados de los líderes de Junts y ERC denuncian la vulneración de derechos fundamentales de los políticos y hacen un listado de las irregularidades que hay en este procedimiento de responsabilidad contable, donde se juntaron dos reclamaciones: por la organización del referéndum del 2017 y por la acción exterior, la mayoría con actos impulsados por el Diplocat entre los años 2011 al 2017. Inicialmente, incluso, se había incluido un viaje del presidente Artur Mas -que también es demandado- en los Estados Unidos por haber contestado en una rueda de prensa sobre el futuro del país.
Así, Gonzalo Boye denuncia que en este procedimiento el Tribunal de Cuentas no ha respetado que Carles Puigdemont tiene inmunidad, puesto que se inició cuando él era diputado en el Parlamento europeo. También reitera la “”irregularidad” del non bis in idem, es decir, que no se puede perseguir una persona distintas veces por los mismos hechos, como es en este caso por la vía penal, el Tribunal Supremo, y la contable, el Tribunal de Cuentas.
Gastos no incluidos por el Supremo
Por su parte, Marc Marsal expone que Sociedad Civil Catalana ha sumado gastos que no se incluyen en la sentencia del Tribunal Supremo, como son los pagos a Unipost por los sobres de la votación, que no se abonaron, y también el coste de abrir los locales de votación, también descartado. Además, manifiesta que se quiere castigar a personas que tienen una causa penal pendiente por el 1-O, como es el caso Josep Ginesta y Aleix Villatoro, los cuales tuvieron que depositar una fianza millonaria en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona por los mismos gastos que se les reclama en el TCu, y finalmente consignadas con aportaciones de los ciudadanos en la Caixa de Solidaridad. Una situación que también se repite con el exjefe del Diplocat, Albert Royo. En este sentido, el abogado de ERC precisa que tanto la Fiscalía como la entidad españolista se escudan en la condena por malversación de fondos a una parte de los políticos condenados hecha por el Tribunal Supremo para justificar las partidas reclamadas. Marc Marsal expone que una condena por malversación no significa que haya un daño. En el caso de la sentencia del Procés, el Supremo derivó al Tribunal de Cuentas la reclamación de los gastos supuestamente irregulares
La declaración del ministro Montoro
En este sentido, Boye recuerda que el julio de 2017 el Consell de Ministros acordó el control financiero de la Generalitat y que el ministro de Hacienda, Cristòbal Montoro, aseguró públicamente, que "no saldría ni un euro" para la celebración del referéndum de autodeterminación de Catalunya. El abogado, además, en su escrito denuncia que se quiere malograr la buena gestión y los controles propios que tiene la Generalitat, y que la Sindicatura de Comptes ni ningún órgano de control ha expuesto que haya habido un derroche de dinero público en los gobiernos de Mas y Puigdemont.
Pendientes del TEDH
Finalmente, Marc Marsal también recuerda a la consejera del TCu que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido a trámite las demandas de los presos políticos de ERC y Junts por vulneración de derechos por parte del Tribunal Supremo con su condena por sedición. El TEDH - añade- podría dejar en papel mojado las condenas y, por extensión, la responsabilidad contable que la Fiscalía exige y sustenta en la condena penal; aparte de reiterar que algunos gastos están prescritos.