Nuevo movimiento en la causa contra los líderes del procés. El president en el exilio, Carles Puigdemont, ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso de apelación en respuesta el auto en que el juez instructor, Pablo Llarena, mantiene el procesamiento contra él por los delitos de malversación agravada y desobediencia. En el escrito, Puigdemont reclama que se revoque esta nueva interlocutoria y se deje sin efecto la orden nacional contra él de búsqueda, detención e ingreso en prisión. Asimismo, en previsión que no se estime el recurso "íntegra i directamente", su defensa añade una serie de cuestiones prejudiciales para plantear ante el Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad de los diputados de Parlamento Europeo y la necesaria autorización de esta cámara para emitir órdenes de detención contra sus miembros. El el mismo sentido ha actuado el también eurodiputado Toni Comín.
En el escrito del 21 de marzo el juez Llarena mantiene la orden de detención en el Estado español contra Puigdemont, así como contra Toni Comín i Lluís Puig. Es precisamente a raíz de este auto del magistrado que fue detenida el martes Clara Ponsatí, "solo a los efectos de tomarles declaración por el delito de desobediencia".
Restricción indebida
La defensa de Puigdemont, que encabezan Gonzalo Boye e Isabel Elbal, reclama el levantamiento de la medida cautelar de prisión provisional, dado que se trata de un diputado del Parlamento Europeo, y advierte que las órdenes de detención dictadas por el juez instructor pretenden una "restricción indebida del derecho de representación política, en relación con el derecho a la libertad." "Esta sala viene avalando detenciones arbitrarias y vulneraciones sistemáticas del derecho político de los representantes políticos catalanes, como han indicado el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", añade.
El recurso de Puigdemont recuerda al Supremo que los Tratados de la UE imponen como una "verdadera obligación" el plantear las cuestiones prejudiciales que reclama la defensa y que, de no hacerlo, se privará "una vez más" al político independentista de su derecho al juez predeterminado por ley, que en este caso, es el TJUE.
El texto argumenta además que los cambios que se han producido en el Código Penal, con la derogación del delito de sedición, obligan a modificar también la vía procesal escogida para la "persecución" de Puigdemont, a través del procedimiento ordinario.
El recurso presentado por la defensa de Puigdemont, de 68 páginas, insiste en la vulneración de su derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías; reitera la denuncia sobre la falta de imparcialidad del juez instructor, Pablo Llarena, así como la vulneración de su inmunidad parlamentaria como eurodiputado.