Después de que el president en el exilio Carles Puigdemont rechazara el sueldo que corresponde a los expresidents declinando la oferta del exministro Cristóbal Montoro de acatar el artículo 155 para poder obtener la pensión de expresident, ahora ha pedido al Govern la oficina y los recursos que le corresponden como expresident, pero no la retribución, según adelanta El món a RAC1.
La renuncia de noviembre, sin embargo, no comportaba que la pérdida del derecho a disponer de un despacho y del reconocimiento institucional que el Parlament otorga a los expresidentes de la Generalitat, y que se hace efectivo en el momento en que ya hay un nuevo Govern formado y que se celebra el relevo formal de los cargos.
La ley establece que los exmanadatarios tienen derecho a un despacho personal, un coche oficial y seguridad y, de hecho, Pasqual Maragall, José Montilla y Artur Mas disfrutan de estos medios. Ahora bien. El Govern tiene que estudiar bien cómo lo gestiona, porque el president en el exilio está en Hamburgo a la espera de que el Tribunal de Schleswig-Holstein tiene que decidir, todavía, sobre la petición de extradición del juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena y, hasta entonces, Puigdemont no puede salir de Alemania.
Según la radio citada, el procedimiento se habría activado el 22 de junio, cuando Puigdemont presentó un escrito pidiendo acogerse a las prerrogativas que le concede la ley de los expresidentes, que son, concretamente, los gastos de oficina con tres trabajadores y el alquiler del despacho si es necesario, así como un coche con chófer y servicios de seguridad.
A la retribución, sin embargo, sí ha renunciado. Al president en el exilio le correspondería un 80% del sueldo que tenía cuando ocupaba el cargo por un mínimo de cuatro años y, después, una pensión vitalicia de un 60%, pero como es diputado en el Parlament no puede cobrar dos sueldos públicos al mismo tiempo —como en el caso de Montilla, que al cobrar como senador tuvo que renunciar al sueldo de expresident.