La decisión de la justicia belga de rechazar la euroorden contra Lluís Puig aterriza también en el procedimiento abierto en el Parlamento Europeo para levantar la inmunidad de los eurodiputados de Junts, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Los tres parlamentarios han enviado este lunes una carta al resto de diputados de la Eurocámara para informarlos de la decisión y advertirles que los argumentos esgrimidos por el Tribunal de Apelación belga pueden tener una gran influencia en sus casos, dado que son los mismos en que ellos sustentan sus alegaciones contra el suplicatorio.
"Este procedimiento de inmunidad puede acabar convirtiéndose en una vergüenza para este Parlamento, que está siendo arrastrado a jugar un papel en la persecución de un movimiento democrático", advierte la misiva. Los eurodiputados han enviado la carta cuatro días antes de que el jueves la Comisión de Asuntos Legales de la Eurocámara escuche sus alegaciones contra el suplicatorio.
El texto de la carta subraya que las conclusiones del Tribunal de Apelaciones en relación al caso de Puig son aplicables a sus casos y que, como han defendido hasta ahora los tres eurodiputados, las solicitudes de suplicatorio contra ellos han sido emitidas por "un tribunal que no es competente".
Además aseguran que esta decisión todavía aporta más evidencias de que España está vulnerando derechos fundamentales con un proceso penal en que "la motivación política se está haciendo cada vez más evidente".
Vulneración de derechos fundamentales
Los tres eurodiputados han informado en la carta a sus compañeros de hemiciclo de que la decisión de los tribunales belgas de rechazar la euroorden tiene una clara influencia en los suplicatorios abiertos contra ellos en el Parlamento que se tendrán que debatir las próximas semanas.
Explican que el Tribunal de Apelación belga, basándose en el informe del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, concluyó que el Tribunal Supremo, que asumió el caso contra el Govern de la Generalitat por la organización del referéndum y emitió la euroorden contra Puig, "no es el tribunal competente para juzgar este caso". Eso aporta "motivos serios" para considerar que la ejecución de la euroorden podría vulnerar el derecho fundamental a ser juzgado por el tribunal establecido por ley.
En este mismo sentido, se señala un grave riesgo de vulneración del derecho a la presunción de inocencia después de que el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias "ha documentado ampliamente" declaraciones de altos funcionarios y autoridades españolas dando por supuesta la culpabilidad de los exmiembros del Govern catalán juzgados en la misma causa que Puig.