Carles Puigdemont mueve pieza tras la estocada que la Audiencia Nacional ha propinado a la instrucción por terrorismo del caso Tsunami. El president en el exilio ha pedido a la magistrada del Supremo Susana Polo el archivo de la investigación contra él en este caso después que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha comunicado este lunes la anulación de la investigación hecha por el magistrado Manuel García-Castellón desde el 29 de julio de 2021. La razón es que aquel día acabó el plazo para las investigaciones y el juez dictó la prorroga de la instrucción con un día de retraso, lo cual ha invalidado todo el procedimiento llevado a cabo a partir de aquel momento. En consecuencia, esta misma tarde la defensa de Puigdemont, que dirige Gonzalo Boye, ha presentado un escrito ante el Supremo, donde se sigue la causa contra el presidente en el exilio por su condición de aforado, en que ha hecho llegar a la magistrada la decisión de la Audiencia declarando la invalidez de las diligencias de los últimos tres años y le recuerda que la investigación contra Puigdemont se abrió el 6 de noviembre del 2023, por lo cual lo emplaza a "resolver conforme a derecho".

Boye ya había alertado de este error en el procedimiento el pasado mes de noviembre, cuando se negó a una nueva prórroga argumentando que la investigación estaba fuera de plazo desde el 29 de julio del 2021 por lo cual era "nula de pleno derecho". La decisión de la Audiencia dando la razón a este argumento ha sido, sin embargo, en respuesta a la defensa de Marta Molina, que dirige Marina Roig. No obstante, la decisión de la sala de lo penal, según la Audiencia no afectará de igual manera los 12 investigados de Tsunami.

En el caso de Puigdemont, el calendario no deja ningún margen de duda dado que su investigación se abrió el 6 de noviembre del 2023, cuando la instrucción hacía dos años y cuatro meses, que según la Audiencia, era nula. En su escrito, por lo tanto, el abogado Gonzalo Boye se limita a señalar que este lunes la Audiencia ha declarado "la invalidez de las diligencias acordadas con posterioridad al 29 de julio del 2021" y pide a la magistrada que, teniendo en cuenta que la investigación contra Puigdemont se abrió el 6 de noviembre del año pasado, "resuelva conforme a derecho".

Alay

En otra situación se encuentra, según la Audiencia, el director de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay. El escrito de la sala de lo penal asegura que Alay está siendo investigado en la causa de Tsunami desde antes de julio del 2021. No obstante, Boye, que también dirige la defensa de Alay, ha recordado a través de las redes sociales que el juez García-Castellón le comunicó por escrito, a raíz de una batería de preguntas sobre las investigaciones por terrorismo contra Puigdemont y sobre las euroórdenes cursadas, que había empezar a investigar a Alay y Carles Puigdemont el 6 de noviembre del 2023.

La fecha de la apertura de las investigaciones por terrorismo contra el president y el director de su oficina coincidía con las negociaciones que aquellos días estaban llevando a cabo PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez y la ley de amnistía. Precisamente, la semana antes, el 30 de octubre, Puigdemont se había reunido ante las cámaras con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en la sede del Parlamento Europeo. Precisamente, la apertura de la investigación por terrorismo, cuatro años después de la actuación de Tsunami Democràtic en octubre del 2019 contra las sentencias de procés, se vinculó al hecho de que la amnistía que se estaba negociando excluía los delitos de terrorismo.