El president en el exilio, Carles Puigdemont, ha solicitado a la jueza instructora del caso Tsunami, Susana Polo, que se aplique la ley de amnistía en el procedimiento por terrorismo que se sigue contra él y contra el también diputado Ruben Wagensberg en el Tribunal Supremo. En un escrito de alegaciones, la defensa de Puigdemont argumenta que no hay ninguna duda racional sobre el encaje del hechos que se describen en este caso en la ley de amnistía, niega que las acciones protagonizadas por Tsunami fueran más allá "del ejercicio legítimo del derecho de manifestación" y descarta que se puedan encuadrar dentro de las excepciones que fija esta ley de olvido por lo que respecta al terrorismo.

A finales de febrero el Tribunal Supremo abrió una causa contra Puigdemont i Wagensberg para investigarlos por el delito de terrorismo a raíz de las protestas que organizó Tsunami Democràtic después de que en octubre del 2019 se conocieron las sentencias contra los líderes del procés. El tribunal equiparó a Tsunami con el terrorismo de calle que se practicaba en Euskadi los años 90. El mes de abril la instructora del Supremo citó a Puigdemont y al diputado Ruben Wagensberg, actualmente exiliado en Suiza, a declarar voluntariamente, pero con la entrada en vigor de la amnistía suspendió los interrogatorios. No obstante, el pasado 18 de junio, Puigdemont se presentó en París ante las autoridades francesas, que le notificaron formalmente el procedimiento abierto contra él por el caso Tsunami.

Derecho de manifestación

En las alegaciones que este miércoles ha presentado ante el Supremo la defensa de Puigdemont, que encabeza Gonzalo Boye, se subraya que los hechos que se investigan en este caso no pasan "del ejercicio legítimo del derecho de manifestación" y que cualquiera otra interpretación no hace más que retorcer la norma. Asimismo subraya que las acciones de Tsunami en ningún caso pueden ser encuadradas en las excepciones que contempla la amnistía y donde se habla de actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo, según establece la Directiva Europea 2017/541, y que "hayan causado de forma intencionada graves violaciones de los derechos humanos, en particular las reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales"

El texto recoge pronunciamientos del Consejo de Europa para advertir que pretender criminalizar a los manifestantes catalanes presentando sus protestas como si se tratan de delitos relacionados con el terrorismo comportaría la banalización del propio concepto de terrorismo, además de una "criminalización de los derechos fundamentales".

El escrito recuerda que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, especializada en terrorismo, se ha pronunciado en relación a la causa que mantiene abierta por el mismo tema que "resulta manifiesto, sin necesidad de esfuerzo o desarrollo intelectual alguno, que los hechos encuentran acomodo claro en el ámbito de aplicación de la ley de amnistía".

Por todo ello, la defensa de Puigdemont solicita a la magistrada instructora que decrete amnistiados los hechos que se investigan en este procedimiento y acuerde el sobreseimiento libre del president.