El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha desestimado investigar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, por no jurar ni prometer la Constitución Española. La denuncia que presentó la Unión Cívica Española ha quedado en nada. El juez no la ha admitido y ha dado por buena la formula de prometer el cargo con "fidelidad a la voluntad del pueblo de Catalunya representado en el Parlament" que Carles Puigdemont utilizó el 12 de enero. 

En el mismo acto, los 14 consellers tampoco prometieron ni juraron por la Constitución. Se limitaron a decir "con lealtad al president de la Generalitat de Catalunya". 

Según la resolución judicial, "ni el Estatut de autonomía de Catalunya, ni el Reglamento del Parlament regulan o contemplan el uso o no de alguna fórmula concreta de juramento o promesa". Tampoco la ley de Presidència de la Generalitat y del Govern establece que los miembros del Govern de la Generalitat, al ser nombrados, tengan que jurar o prometer sus cargos con una fórmula establecida. La sentencia dice claramente que como "no consta ninguna regulación específica en la forma de jurar o prometer los cargos", ni el president ni los consellers "tenían la obligación legal de prestar juramento o promesa acatando la Constitución ni el Estatut de autonomía de Catalunya", y por lo tanto no tiene "relevancia a efectos penales".

El TSJC matiza que en todo caso, lo único que podría pasar es que la fórmula Puigdemont pudiera afectar a la validez del acto pero nunca puede llevar a un delito. La denuncia contra Puigdemont y los consellers era por los presuntos delitos de prevaricación, desacato a la autoridad y alta traición a las instituciones del Estado. El tribunal también alega que la suspensión del acto de nombramiento de los cargos, tal como pide el denunciante, no es competencia del TSCJ, sino que le recaería en todo caso al Contencioso Administrativo.

La sentencia es contundente pero no es firme y todavía se puede recurrir.

Sin sorpresas

La portavoz del Govern, Neus Munté, ha celebrado que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) haya "desautorizado" a los que sólo ven "ilegalidades" en todo lo que hace el ejecutivo. En la comparecencia posterior al Consell de govern la conselleria ha dicho que la decisión del TSJC no representa "ninguna sorpresa" porque el Govern ya dijo en su momento que la fórmula utilizada en la toma de posesión se ajustaba a la legalidad.

La "sorpresa", según la consellera, fue que algunos pretendieran abrir una polémica sobre este asunto, en alusión a la denuncia presentada por Unión Cívica Española. La no admisión a trámite de la denuncia, ha destacado Munté, supone una "desautorización en toda regla a aquellos que sólo saben ver ilegalidades allí donde no hay".