La aplicación del artículo 155 está sirviendo al gobierno español para hacer y deshacer en las conselleries de la Generalitat intervenida. El ministro Íñigo Méndez de Vigo ordenó este martes, con los poderes de conseller de Cultura, el retorno de las obras del Monasterio de Sijena a Aragón. Eso ha hecho despertar las demandas de otro histórico litigio: los papeles de Salamanca.

La asociación 'Salvar el Archivo de Salamanca' ha visto en la suspensión de la autonomía catalana una oportunidad para volver a reivindicar el retorno de los documentos que tiene a la Generalitat. La demanda, sin embargo, no acaba aquí, sino que la entidad ha puesto en marcha una campaña bajo el lema "Puigdemont, a la prisión. Los documentos, a Salamanca".

A través de su web y de las redes sociales, reclaman donaciones económicas para conseguir los documentos y, de paso, piden prisión para el presidente catalán Carles Puigdemont.

Antes del 21-D

Aparte de la recogida de fondos, el presidente de la asociación, Policarpo Sánchez, enviará este viernes una carta a la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, reclamando el retorno de 400.000 documentos del archivo que la Generalitat tiene "ilegalmente en su poder".

Reclama que los papeles se devuelvan en menos de un mes a Salamanca y marca como fecha límite el 21 de diciembre, día en que se celebran elecciones en Catalunya y, por lo tanto, se tendría que levantar el 155 para dejar paso a la formación de un nuevo gobierno.

Entre el 2006 y el 2014, se enviaron más de un millón de documentos a Catalunya. Sánchez, sin embargo, sostiene que hubo errores en el envío y que, de estos documentos, 400.000 no son de familias catalanas y no pueden ser entregados "a quien nunca han sido sus propietarios".

La llegada de parte de los papeles al Ayuntamiento de Sant Cugat / Foto: ACN

El ministerio también lo pidió

Teniendo en cuenta los antecedentes, aquellos que piden el retorno de los papeles tienen puntos para conseguirlo. Desde 2015, el gobierno español reclama que se devuelvan al Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca los documentos y fondos bibliográficos que no se hayan podido restituir a sus propietarios.

Concretamente, esta demanda fue liderada por el ministerio de Educación, Cultura y Deportes, dirigido ahora por Méndez de Vigo, junto con el apoyo del alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y los senadores de la provincia. Pedían que el Gobierno catalán cumpliera la ley y acatara la sentencia del Tribunal Constitucional que pedía devolver los documentos de personas a quien no se ha podido localizar o que no tienen descendientes conocidos.

Ahora, que quien tiene poder para decidir en la Generalitat es aquel mismo gobierno español que reclamaba los papeles, queda por ver qué recorrido tendrá la petición de la asociación 'Salvar el Archivo de Salamanca' a la vicepresidenta española.