La persecución a que el Estado español ha sometido al president en el exilio, Carles Puigdemont, por Europa –y más allá– sufrirá este lunes a las cinco de la tarde un revés sin paliativos. La entrada del político independentista y el conseller Toni Comín en el hemiciclo del Parlamento Europeo se convertirá en la imagen más gráfica de las dificultades que comporta para el Estado el pulso judicial en que se ha embarcado.

Conseguir llegar al escaño, sin embargo, no ha resultado fácil. La increíble carrera de obstáculos en la que se ha convertido este recorrido empezó ya antes de las elecciones, con la confección de las listas.

Veto a la candidatura

La candidatura de Puigdemont, Comín y la consellera Clara Ponsatí a las elecciones europeas fue impugnada por PP y Cs, con el argumento de que no se encuentran el pleno ejercicio de sus derechos porque "huyeron de España". La Junta Electoral aceptó los argumentos de este partidos y sus nombres quedaron excluidos de las candidaturas que proclamó la JEC.

La decisión se comunicó, el 29 de abril, horas antes que se cerrara el plazo para presentar las listas. No se podía mantener la candidatura con los nombres de los políticos exiliados, porque no sería aceptada, pero era imprescindible registrar una lista si JxCat pretendía concurrir a los comicios. Finalmente, JxCat sorprendió anunciando, el mismo día 29 que los nombres de Puigdemont, Comin y Ponsatí serían sustituidos de manera "provisional" por el exalcalde Xavier Trias, el abogado Gonzalo Boye y la periodista Beatriz Talegón.

La estrategia dio resultado. Cinco días más tarde, en un fin de semana de infarto, la fiscalía del juzgado contencioso-administrativo de Madrid contradijo la decisión de la JEC y consideró que el veto a los candidatos no se ajustaba a ley. El tribunal madrileño aceptó aquel sábado, 4 de mayo, el recurso de JxCat, pero decidió elevar la decisión al Tribunal Supremo.

También el alto Tribunal, reunido de urgencia en domingo, consideró que los tres políticos independentistas eran elegibles, pero devolvió el caso al juzgado madrileño argumentando una cuestión competencial. Finalmente fue el tribunal del contencioso administrativo quien dio luz verde a la candidatura.

Toma de posesión

El 26 de mayo, la lista de Puigdemont consiguió convertirse en la más votada en Catalunya en las elecciones europeas. Pero eso no cambió las cosas. A partir de aquí se abría el segundo capítulo del vía crucis legal: la toma de posesión del escaño.

La Junta Electoral Central dejó claro que si Puigdemont y Comín querían asumir el acta como diputados tendrían que presentarse en el Congreso a jurar la Constitución, lo cual habría comportado su detención inmediata teniendo en cuenta la orden de busca y captura que existe contra ellos. La JEC tampoco permitió a Oriol Junqueras, encarcelado en el centro penitenciario de Lledoners, acudir a tomar posesión de su escaño conseguido en aquellos comicios.

La JEC rechazó el 17 de junio la intención del abogado Gonzalo Boye de tramitar la documentación de los dos políticos ante el Congreso. No obstante, el letrado entró los documentos en el registro. Tampoco se les permitió hacer el acatamiento a distancia, por lo que se declararon desiertos sus escaños.

De esta manera, Puigdemont y Comín figuraban en el listado de diputados electos que publicó el BOE el 13 de junio con la proclamación de resultados, pero sus nombres desaparecieron de la relación de eurodiputados que el Estado español hizo llegar al Parlamento. El entonces presidente de la Cámara, Antonio Tajani, incluso les impidió el acceso al edificio.

No obstante, el líder independentista anunció que acudiría a la sesión con la que el Parlamento abría el 2 de julio la legislatura. Previamente, Puigdemont y Comín reclamaron medidas cautelares al TJUE contra el veto de Tajani con la confianza que el tribunal de Luxemburgo obligaría a la Cámara a permitirles acceder a sus escaños.

Pese a ello, el dia antes del pleno, el TJUE desestimó las medidas cautelares. Puigdemont y Comín no llegaron a cruzar la frontera alemana para acudir a Estrasburgo. Fuentes de su entorno aseguraron que se había detectado presencia policial española y alertaron del riesgo de que fueran detenidos en caso de pisar suelo francés.

Mientras tanto, ante las puertas de la Eurocámara se concentraron miles de manifestantes protestando por la ausencia de los tres líderes independentistas en el pleno. Los escaños de JxCat quedaron a partir de aquel momento vacantes.

Inmunidad de Junqueras

La situación experimentó un nuevo giro cuando a mediados de noviembre el abogado general de la UE concluyó que Oriol Junqueras disfrutaba de inmunidad desde el mismo momento en el que fue escogido. Esta tesis repercutía directamente sobre la situación de Puigdemont y Comín. El 19 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la UE hizo pública su sentencia en el mismo sentido y proclamó que los eurodiputados lo son desde el momento en que son proclamados sin que se les puedan imponer otros requisitos.

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, tras una tensa reunión con la presidenta del grupo socialista, Iratxe García, aseguró que la del TJUE era una sentencia muy importante, que afectaba a la composición de la Cámara e instó a las autoridades españolas a acatarla.

Al día siguiente, las puertas del Parlamento en Bruselas se abrieron para Puigdemont y Comín, que consiguieron ser acreditados como diputados, aunque de manera provisional, justo el día en que la Cámara cerraba las puertas por las vacaciones de Navidad.

Tan pronto como se reanudó la actividad el 6 de enero, los dos políticos formalizaron su condición de diputados, las acreditaciones para toda la legislatura y todo el reconocimiento y apoyo logístico que comporta. Paralelamente, el Parlamento reconoció formalmente su condición de diputados y también la de Oriol Junqueras.

No obstante, tanto la JEC como el Supremo han ratificado su rechazo a aceptar la condición de diputados de los tres políticos catalanes. El juez instructor, Pablo Llarena, ha advertido este viernes que en caso de que pise territorio español, Puigdemont será detenido porque su orden de detención continúa vigente. Asimismo ha anunciado que se ha activado el suplicatorio para arrebatarle la inmunidad que le otorga la condición de europarlamentario.

También este viernes se ha sabido que después de que el Supremo haya decidido ignorar la decisión del TJUE y mantener a Junqueras en la prisión, también el Parlamento le ha retirado su condición como europarlamentario.

Cuando Puigdemont y Comín se sienten a las cinco de la tarde de este lunes en su escaño en el Parlamento, el impulso de la justicia española se volverá a poner en marcha. No obstante, el suplicatorio que ha anunciado Llarena requerirá un recorrido de seis meses durante los cuales se someterá al escrutinio del Parlamento, no solo las acusaciones contra los dos políticos independentistas, sino todo el juicio a los líderes del procés.

Durante este tiempo, la Comisión de Asunto Jurídicos podrá requerir a la justicia española toda la información que considere necesaria, mientras que los dos diputados tendrán oportunidad de intervenir para exponer también todo aquello que consideren conveniente. Finalmente, será el pleno de la Cámara quien tendrá que abordar el tema antes de que se vote.

En definitiva, un escrutinio muy duro para la justicia española, que las últimas semanas ya se ha visto obligada a forzar mucho la máquina ante sus colegas europeos.