Junts per Europa, la candidatura que encabeza el president en el exilio, Carles Puigdemont, ha presentado una querella por delito de prevaricación administrativa contra Carlos Vidal Prado, vocal de la JEC, nombrado por el Congreso a propuesta del PP, y Andrés Betancor Rodríguez, nombrado a propuesta de Ciudadanos, los dos partidos políticos que han impugnado la lista al Parlamento Europeo.
El equipo de Puigdemont ha decidido esta iniciativa después de que la JEC intentara tumbar la presencia del president y los consellers Toni Comín y Clara Ponsatí en la candidatura, lo cual fue rechazado finalmente por el juzgado contencioso administrativo dos de Madrid.
Los representantes de Junts denuncian que la resolución dictada por un sector específico de la JEC "dista mucho de ser de acuerdo a derecho, siendo su contenido totalmente arbitrario, descabellado y aberrante", tal como demuestra el hecho de que no ha conseguido pasado ningún tipo de control ni de legalidad ni jurisdiccional.
Además asegura que los querellados eran conocedores de la injusticia de la resolución que dictaban. "Se trata de una persecución política en toda regla", alertan.
La denuncia recoge reiterados mensajes de Twitter de Vidal y artículos de opinión de Betancor que ponen de manifiesto "la absoluta animadversión" contra Puigdemont.
Según el escrito, las manifestaciones públicas demuestran "la evidente parcialidad" de Prado pero además "pone de manifiesto, ante la total ausencia de argumentos jurídicos de la decisión, que esta animadversión fue el único motivo que lo va lleva a adoptar esta decisión". En términos similares se expresa sobre Betancur que sabía, según demuestran sus artículos, que "la legislación vigente no permite la exclusión de Puigdemont de un proceso electoral".
"Es realmente inaudito, también peligroso en términos democráticos, que aprovechándose de su infinito poder en periodo electoral, los querellados, animados por su deseo de aniquilar a sus enemigos políticos, como se aprecia en este caso, dictaran una resolución abiertamente arbitraria y extravagante con el fin de impedir que los tres candidatos excluidos hicieran uso de su derecho de sufragio pasivo", denuncia.
En el texto se subraya además que lo peor de todo es que los querellados "han destrozado la reputación y credibilidad de un órgano esencial en toda democracia y proceso electoral" con la intencionalidad política de "perseguir a sus opositores".