El jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha reclamado de nuevo al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, que se asignen al president en el exilio de manera "inmediata y con carácter de urgencia" los efectivos de escolta que le corresponden en su condición de 130.º president de la Generalitat. A través de una carta que la semana pasada hizo llegar al conseller, y a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat, Alay ha reiterado de nuevo la reclamación a Elena exigiendo que se le asigne la escolta que le corresponde a Puigdemont ante la "grave situación de inseguridad que persiste" y "teniendo muy presente el aumento del nivel de peligrosidad y riesgo para su persona, detectado especialmente desde hace algunas semanas, hecho que es público y notorio".
En el texto, Alay recuerda que el 4 de enero de 2022 se dirigió por carta desde la Oficina de Puigdemont al director general de la Policía para "exigir el cumplimiento por parte de la Generalitat de Catalunya de la ley por lo que respecta a la protección y seguridad del 130.º president de la Generalitat de Catalunya" y reprocha que, después de 22 meses, todavía no ha recibido respuesta a la misiva.
"Como muy bien sabe, una de las funciones principales de las oficinas de los presidents de la Generalitat es velar para que se garanticen las condiciones que otorgan la máxima seguridad a los que han sido sus presidents. Como las oficinas no disponen de los medios humanos y materiales para garantizarlo, la ley estipula muy claramente que esta es una competencia que recae sobre el departament d'Interior", argumenta.
En el texto, Alay insiste en que desde la creación de la oficina de Puigdemont, en julio del 2018, ha reclamado el cumplimiento de esta responsabilidad "sin ningún tipo de éxito, más bien con el silencio como respuesta."
Por todo ello, el responsable de la oficina invoca una vez más la normativa del 2003, que regula el estatus de expresident de la Generalitat, para reclamar de nuevo "la asignación inmediata y con carácter de urgencia de los efectivos de escolta de mossos que son necesarios" para el desarrollo de las funciones de Puigdemont en su condición de 130.º president. El texto alude al aumento del nivel de peligrosidad detectado desde hace algunas semanas e insiste en exigir una respuesta "lo más urgente posible", ante la "grave situación de inseguridad que persiste más de cinco años después de la creación de la oficina".
Fuentes de la conselleria de Interior, consultadas por ElNacional.cat, confirman la recepción de la carta y aseguran que su intención es volver a hacer la petición ante el ministerio del Interior para facilitar escolta al president. Según estas fuentes, la conselleria solo puede asignar escolta a miembros del Govern que viajen a Andorra. Para el resto de desplazamientos fuera del Estado, la conselleria debe presentar una petición al Ministerio del Interior y solo se piden en el caso del president de la Generalitat y la presidenta del Parlament.
Negativa de Marlaska
En este sentido, se recuerda que todas las peticiones que se han hecho desde este departamento para conseguir escolta para Puigdemont han sido denegadas por el ministro, Fernando Grande Marlaska. Ahora habrá que ver, añaden, el impacto que puede tener la aprobación de ley de amnistía. De momento, estas fuentes aseguran que el conseller Joan Ignasi Elena está dando la misma respuesta que dieron los consellers de Junts que le precedieron, Miquel Buch y Miquel Sàmper.
Precisamente, el exconseller de Interior Miquel Buch y el mosso Lluís Escolà fueron juzgados el pasado mes de junio por este tema. La Fiscalía acusó a Buch de haber contratado como asesor a Escolà para encubrir que hacía de escolta de Puigdemont en el exilio, desde julio de 2018 a marzo de 2019. Puigdemont aprovechó su declaración a través de videoconferencia en aquel juicio para exculpar a Escolà y denunciar una vez más que se le había impedido el acceso al dispositivo de seguridad que contempla la ley para los expresidents.
Según la ley, aprobada en el 2003 por el Parlament, los presidents de la Generalitat de Catalunya tienen derecho al abandonar el cargo a una oficina, con personal adscrito, y con "los servicios de seguridad necesarios para el desarrollo de sus funciones".