Indefensión. El president en el exilio, Carles Puigdemont, el director de su oficina, Josep Lluis Alay, y el abogado de los dos, Gonzalo Boye, han presentado un recurso de súplica al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para que revoque su resolución en la cual inadmitió la querella que presentaron contra el juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, por los delitos de prevaricación judicial y malversación de fondos. En el escrito, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, los abogados Isabel Elbal y Gonzalo Boye, afirman que el alto tribunal catalán con la inadmisión de la querella "hace una interpretación excesivamente rigurosa y desproporcionada en relación con los intereses que se sacrifican", porque -sostienen- "se impide el acceso a la jurisdicción y el ejercicio del principio pro actione vulnerándose con ello el derecho a la tutela judicial efectiva porque no se ha practicado ni una mínima diligencia de investigación que pudiera aclarar los hechos", tal como recomienda el Tribunal Constitucional.
En la resolución, del 30 de enero pasado, el tribunal -presidido por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, con los magistrados Carlos Ramos y Eugenia Alegret- afirma que la decisión del juez Aguirre, del 21 de junio de 2024, de crear la pieza de la injerencia rusa es "extravagante" en sus afirmaciones, pero que no había prevaricado porque no incumplía la resolución de la Audiencia de Barcelona, de mayo, que le hacía cerrar toda la investigación del caso Volhov o pieza 2. El razonamiento del TSJC es que el juez Aguirre cogió diligencias ya hechas antes de la fecha que se le ordenaba cerrar la causa o enviarla a juicio, que era junio de 2023.
No obstante, Elbal y Boye recuerdan al TSJC que en la última resolución de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, del 17 de diciembre pasado, se acusa al juez Aguirre de "fraude de ley" al haber creado la pieza de la injerencia rusa, a partir de una pieza existente, la de Catmon-Igman, donde volcaba toda la investigación del caso Volhov. Con todo, es difícil que el TSJC admita investigar al juez Aguirre, jubilado desde el 15 de enero pasado.
Desoír resoluciones
Los abogados de Puigdemont y Alay afirman que con su inadmisión el TSJC "opta por desoír los acuerdos de la Audiencia de Barcelona, en su resolución del 17 de diciembre de 2024, y por omitir lo que deja plasmado por escrito lo propio querellado, en la resolución de 21 de junio de 2024, que muestra a las claras la existencia de un delito de prevaricación, omitiendo así llevar a cabo cualquier diligencia de investigación impidiendo, con eso, el acceso a la justicia de los querellantes como víctimas directas de la actuación del querellado."
Ningún investigado citado a declarar
Añaden que "sean cuales sean los testigos en la pieza de injerencia rusa, los hechos investigados eran los mismos que en la pieza separada 2, de la cual únicamente podía dictar resolución de sobreseimiento libre porque en los muchísimos años en que esta pieza separada estuvo abierta, nunca se citó a declarar a buena parte de los investigados, incluido el doctor Alay, y, en consecuencia, no podía dictar ninguna otra resolución".
Y al mismo tiempo, los abogados de Puigdemont descartan que el juez Aguirre tuviera diligencias "rezagadas" o, en palabras del TSJC (que suenan a sorna), tuvo una "repentina preocupación por reordenar y reubicar" las diligencias y creó la pieza de la injerencia rusa, donde por primera vez imputó a los presidents Artur Mas y Carles Puigdemont de los delitos de traición. La Audiencia de Barcelona anuló toda esta investigación, y ahora solo falta que el Tribunal Supremo haga lo mismo con la exposición razonada, que el juez Aguirre le envió en verano.