El president en el exilio, Carles Puigdemont, ha respondido a los fiscales del Tribunal Supremo que lo quieren imputar por un delito de terrorismo porque, según ellos, "ostentaba el liderazgo absoluto" de Tsunami Democràtic y llevaba "las riendas" del movimiento. Lo ha hecho a través de X, desde donde el president ha expuesto las dos razones por las cuales cree que los fiscales tienen esta postura. Además, los ha acusado de dinamitar el Estado de derecho. "Que un fiscal español concluya que yo soy el jefe absoluto de una organización terrorista solo se puede explicar por dos razones, y las dos son pura dinamita para el Estado de derecho", asegura el president en el exilio, reelegido recientemente presidente del Consell de la República.

La primera razón que pone sobre la mesa es que "dé credibilidad a una información delirante y manipulada de los servicios policiales (como suele ser habitual cuando se trata de independentismo)". La segunda razón es que, "sabiendo que es una información delirante y manipulada, la utilice para un propósito puramente político". El líder de Junts per Catalunya sigue cargando contra los fiscales y asegura no tener "ninguna duda" de que, entre jueces, fiscales, policías y determinados políticos y medios, "abundan los artificieros del Estado de derecho, que creen que cualquier medio es lícito para defender España." "Y tampoco hay duda de que entre los que se supone que no son de esta trama corrupta esté la voluntad y el coraje de perseguir estas conductas, que claramente son delictivas," concluye el eurodiputado de Junts.

El informe de uno de los fiscales del Procés

El fiscal del Supremo, Fidel Cadena (que ya ejerció de fiscal en el juicio del Procés), ha presentado un informe a la teniente fiscal del Supremo, que prepara el dictamen definitivo de la fiscalía sobre la petición de la Audiencia Nacional para que el alto tribunal asuma el caso. En este informe, Cadena, tal como publica El Español, expone una serie de argumentos para defender la imputación de Puigdemont en un delito de terrorismo. El informe remarca que el president en el exilio "estuvo informado desde el principio de la constitución del grupo organizado", estuvo presente en reuniones en Ginebra para ponerlo en marcha el 30 y 31 de agosto del 2019 y está "directamente implicado en el lanzamiento de la campaña de Tsunami a través de las redes sociales".

Señala también una conversación donde remarca que el problema con el movimiento solo vendría si hubiera algún muerto. "Esta pluralidad de indicios acredita dominio funcional del hecho, liderazgo absoluto, autoría intelectual y asunción de las riendas del actuar típico", concluye. Además, añade que Puigdemont podría haber retirado su apoyo "carismático", pero "lejos de eso, animó a seguir en las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y consentimiento".

El texto continúa: "La finalidad de todas las actuaciones de Tsunami Democràtic, orientadas, aprobadas y favorecidas por las directrices, apoyo público y privado, y patrocinio intelectual y ético de Puigdemont, no era otra que desestabilizar gravemente las estructuras políticas y económicas de España, alterando gravemente la paz pública al impedir a los poderes públicos y, en concreto, al Tribunal Supremo, el cumplimiento y ejecución de sus sentencias firmes", apunta en el escrito Cadena, que no tiene "ninguna duda de que los hechos encajan perfectamente en el delito de terrorismo".

Causa de Tsunami

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, es el instructor de la causa de Tsunami Democràtic. Sin embargo, elevó el caso porque Carles Puigdemont y el secretario cuarto de la Mesa del Parlamento, Ruben Wagensberg, son aforados y solo los puede juzgar el Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). De hecho, Wagensberg, como diputado en el Parlament de Catalunya, defiende que el único tribunal competente para juzgarlo es el TSJC.

Asimismo, la junta de fiscales del tribunal rechazó en primer término un primer informe del fiscal general del Supremo contrario a investigar a Puigdemont por terrorismo. Todo en el marco de la investigación por las protestas postsentencia del Procés, que incluye la concentración en el aeropuerto del Prat o el corte de la Jonquera. La investigación por parte de García-Castellón se ha intensificado a raíz de las negociaciones de la ley de amnistía entre Junts y el PSOE. De hecho, el juez de la Audiencia Nacional quiere que el caso no se pueda amparar en esta ley y, para conseguirlo, intenta atribuir a los organizadores de las protestas un muerto por paro cardiaco en el aeropuerto del Prat.