Los intentos del juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, de volver a impulsar la vía rusa en la investigación sobre la supuesta financiación ilegal del procés independentista y las filtraciones al respecto a diferentes medios han provocado una respuesta pública del president Carles Puigdemont. A través de una nota de su oficina, denuncia falsedades e intoxicaciones en el informe de la Guardia Civil y enmarca esta ofensiva judicial en la "guerra sucia del estado español" contra el independentismo.
El juez del caso Volhov pretende abrir una investigación sobre las vinculaciones del responsable de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, con un empresario ruso, lo cual provocó este mes de julio un recurso de la Fiscalía en que reclama el archivo de esta investigación por considerar que es prospectiva y "vulneradora de los derechos y libertades más elementales". No obstante, la voluntad del juez de investigar esta vía se ha filtrado a diferentes medios a los cuales se ha facilitado el informe de la Guardia Civil al respecto.
Falsedades e intoxicaciones
Desde la oficina de Puigdemont se ha hecho pública una nota en que se denuncia que las informaciones "tienen como fundamento un informe de la Guardia Civil que está lleno de falsedades, incongruencias e intoxicaciones". "El único objetivo del informe es criminalizar y desprestigiar al independentismo catalán ante la comunidad internacional presentándolo como un elemento desestabilizador", advierte.
Se trata, según el texto, de filtraciones descontextualizadas, dado que sólo recogen los mensajes relativos a Rusia cuando hay muchos más mensajes sobre otros países que "se omiten intencionadamente", lo cual representa una manipulación que "perjudica claramente el derecho a una información veraz y rigurosa".
Guerra sucia
Desde la oficina de Puigdemont se sitúan estas revelaciones como un instrumento de la guerra sucia del estado español contra el independentismo.
La nota subraya que todas las actividades internacionales de la oficina de Puigdemont, de su responsable y de su equipo jurídico, que encabeza Gonzalo Boye, "son perfectamente legales y tienen como objetivo contribuir a la resolución democrática del conflicto político entre Catalunya y España".
Acciones legales
Por todo ello, anuncia que estudiará la posibilidad de presentar acciones legales en el Estado español y otros si hace falta, ante la posibilidad de que se haya cometido algún delito de revelación de secretos oficiales dado que la información ha llegado a algunos medios antes del levantamiento del secreto de sumario.
En la imagen principal, el president Carles Puigdemont en una fotografía de archivo en el Parlamento Europeo / Efe