El president, Carles Puigdemont, no acepta que haya sido cesado, de hecho, reivindica desde Bruselas el Govern legítimo. Por lo tanto, tampoco acepta la condición de expresident ni el sueldo que esto comporta. Esta es la respuesta del president al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que este martes le advertía que dispone de diez días para acatar el artículo 155 si no quiere perder la pensión de expresident.
Los expresidents de la Generalitat tienen derecho al 80% del sueldo durante la mitad del tiempo que han ocupado el cargo y durante un mínimo de 4 años. Es decir, que Puigdemont, que encabezó el consell executiu 21 meses, podría recibir la pensión de expresident durante los próximos 4 años. Posteriormente, a partir de los 65 años, tienen derecho a cobrar una pensión vitalicia equivalente al 60% del sueldo.
Por el contrario, el president, que había renunciado a su sueldo de diputado en el Parlament, sí se dará de alta para cobrar el sueldo base de diputado que le correspondería durante los meses que transcurran hasta la constitución de la próxima legislatura.
Lo mismo harán los consellers Jordi Turull y Josep Rull, ninguno de los dos recibirán ningún tipo de retribución como exconseller y, dado que conservaron su escaño a pesar de entrar en el Govern, sí se acogerán al derecho del diputados a cobrar el sueldo base hasta la constitución de la nueva Cámara.
En el caso del vicepresident y el resto de consellers, la mayor parte de los cuales renunciaron al escaño al asumir sus departamentos, sí habrían decidido acogerse a la pensión que les corresponde y así lo habría trasladado el Departament de Economia al Ministerio de Hacienda.
La renuncia del president al sueldo no comportará, sin embargo, la pérdida del derecho a disponer, en el momento en que haya un relevo formal al frente del Govern, de un despacho y del reconocimiento institucional que el Parlament otorga a los expresidents de la Generalitat.