Carles Puigdemont ha reflexionado sobre su retorno a Barcelona. En un artículo de opinión en Politico, el líder de Junts ha explicado cómo fue su vuelta a Catalunya y ha lamentado que después de 7 años en el exilio este momento estuviera marcado por una "gran tensión" a consecuencia que los jueces del Tribunal Supremo "decidieron mantener alguna de las órdenes de detención contra los que organizaron el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017". Puigdemont ha denunciado que se mantengan las órdenes, aunque el Gobierno ha aprobado la ley de amnistía, "que ordenaba que se levantaran todas las medidas que nos impiden el ejercicio de nuestro derecho político".
El president en el exilio ha recordado que en ningún caso ha sido ni condenado ni juzgado: "He sido escogido en el Parlament de Catalunya, y estoy entre los políticos y activistas perseguidos a los cuales se tiene que aplicar esta ley de amnistía, pero la politizada sala segunda del Tribunal Supremo ha decidido rebelarse contra una ley que no le gusta, desobedeciendo un parlamento democrático". Esta situación es considerada por Puigdemont como "un golpe de estado híbrido", en el cual "ciertos jueces subvierten la voluntad del pueblo y anulan la legislación aprobada por un gobierno democrático bajo la apariencia del estado de derecho". En este sentido, ha reiterado que la no aplicación de la ley de amnistía en cualquier país de Europa "sería absurdo", sin embargo, "eso es exactamente lo que está pasando en España".
Los detalles del regreso
Carles Puigdemont ha hablado sobre la acusación de un delito de malversación, por presuntamente haberse enriquecido personalmente en la organización del referéndum —un hecho que niega categóricamente y recuerda que "no costó nada al público"—. Precisamente por esta acusación, Puigdemont ha afirmado que se está produciendo una "distorsión de la realidad" y que dejarlos fuera de la ley de amnistía "es surrealista", ya que, según ha argumentado, "no solo ignora la ley, también se burla de los legisladores españoles". Y añade que cualquiera que haya leído la ley "no tendría ni una sola duda sobre su alcance y su intención, y varios expertos jurídicos con autoridad —incluidos miembros eméritos del Supremo— ya han expresado su opinión al respeto".
Puigdemont ha hablado del retorno a Catalunya y ha recordado que prometió volver al país para el debate de investidura, ya que dice que era su deber "participar en esta importante discusión", pero ha denunciado que no fue posible porque "los jueces españoles politizados ordenaron a la policía catalana que aprovechara la ocasión" para detenerle. En este sentido, ha reconocido que el riesgo de ser encarcelado "era muy alto", pero igualmente "decidí volver", y ha puntualizado que en ningún caso se escondió: "Anuncié dónde, cuándo y a qué hora me presentaría ante de miles de personas". También ha confirmado algunos detalles que se habían dado, como que el martes 6 de agosto por la tarde ya se encontraba en territorio catalán y el día de la investidura de Salvador Illa, el jueves 8 de agosto, pudo "hablar con la cara descubierta, a pocos metros de la sede del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y del mismo Parlament, ante una multitud". Puigdemont ha afirmado que tenía la intención de ir al Parlament, pero que la policía había acordonado la zona "haciéndolo imposible", y ha reconocido: "Si lo hubiera intentado, habría sido equivalente a entregarme a las autoridades judiciales, que creo que no tienen la autoridad legal para perseguirme, ya que están violando las normas internacionales, así como la legislación aprobada por el Parlamento español".
"Opresión" del estado español
El líder de Junts ha dejado claro que no volvió a Catalunya para ser arrestado: "Volví a ejercer el derecho a resistir la opresión" y ha apuntado que cuando un juez no aplica una ley es "una forma de opresión, que ningún demócrata tendría que tolerar". Puigdemont ha reconocido que el riesgo que tomó al volver a Catalunya era muy grande, pero el objetivo era "llamar la atención sobre un problema sistémico de la justicia española y denunciar la obsesión política de un tribunal que tendría que ser imparcial a la hora de tomar decisiones". Ante la situación en la cual se encontró el día del debate de investidura y con el fin de poder mantener su libertad, ha explicado: "Tuve que activar el plan alternativo que había preparado, es decir, hablar en el acto, eludir la detención ilegal y salir de España".
Puigdemont ha aprovechado para criticar la gestión de la policía que "provocó el caos en toda Catalunya" para intentar detenerlo, aunque, ha apuntado que es "un diputado, un político cuyo 'delito' fue organizar un referéndum; ni un terrorista ni un traficante de armas, ni un asesino ni un violador". Sobre la operación Jaula activada por los Mossos d'Esquadra, ha recordado que la última vez que se llevó a cabo fue por los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils, en agosto de 2017, bajo su presidencia. Con todo, Puigdemont ha celebrado que la "exfiltración tuvo éxito" y que en ningún caso tuvo necesidad "de esconderse en el maletero de un coche, como dicen". "Me senté detrás de un vehículo privado y me condujeron a través de la frontera entre la Catalunya Sur y la Catalunya Nord, que es administrativamente territorio francés". Y concluye asegurando que ahora solo espera que "algún día la justicia vuelva a los tribunales españoles, y los jueces respeten una ley aprobada por el Parlamento, para poder volver a casa definitivamente".