Hores después de que se haya hecho efectiva la inhabilitación del president Quim Torra en cumplimiento de la sentencia del TSJC, ratificada por el Tribunal Supremo, su defensa ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo donde reclama la suspensión cautelar urgente de la condena. El recurso sostiene que la suspensión de la pena de un año y medio de inhabilitación es necesaria para evitar el daño irreparable que su ejecución causaría tanto a Torra como terceras personas. El escrito constata "la inusitada celeridad" del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en declarar firme la sentencia del Supremo y ordenar su inmediata ejecución.
En un escrito de 438 páginas, la defensa de Torra sostiene que todo el proceso judicial ha tenido una "intencionalidad política manifiesta" con "el objetivo de derrocar al president de la Generalitat y su gobierno por medios no democráticos y solo aparentemente legales", lo que considera un verdadero fraude constitucional.
Derechos vulnerados
Al escrito se reiteran los argumentos ya presentados tanto delante del TSJC como del Tribunal Supremo. Así, Gonzalo Boye alega que se ha vulnerado la inviolabilidad parlamentaria, el derecho a la libertad de expresión e ideológica y a la representación política de su cliente. Además, considera desproporcionada la condena por unos hechos que no ve delictivos.
La defensa considera que la Junta Electoral Central no era competente para dar la orden al presidente Torra de retirar la pancarta del balcón del Palau de la Generalitat y "construir un delito de desobediencia", sino que solo podía sancionarlo administrativamente o comunicarlo a un órgano judicial penal. Por eso, cree que Torra no podía prever esta respuesta judicial penal a sus actos, agravada por "el imprevisible cambio jurisprudencial". De hecho, el recurso recuerda que Torra ya fue multado administrativamente por la JEC por los mismos hechos y afirma que la inhabilitación para todo tipo de cargo público o incluso a presentarse a las elecciones es anticonstitucional.
Destitución de un cargo electo
El recurso presentado esta mañana delante del TC asegura que la sentencia del Supremo tiene una relevante trascendencia constitucional, ya que ha supuesto la destitución de un cargo electo. En todo el proceso, asegura Boye, está la intención del hacer caer el Govern de Torra por medios aparentemente legales e insiste en que hay un "verdadero fraude constitucional". El letrado sostiene que el delito de desobediencia no tiene comparación en la mayoría de países europeos, y que el Tribunal Supremo solo lo utiliza contra políticos vascos y catalanes, y pone como ejemplo los casos Atutxa y el 9-N.
El presidente Quim Torra, una vez le ha sido notificada su inhabilitación / Sergi Alcàzar
Cuestiones prejudiciales
Otra cuestión planteada en el escrito es la reiterada es la negativa, tanto del TSJC como del Supremo, a plantear una cuestión prejudicial delante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre todo con respecto a las supuestas incompatibilidades de algunos magistrados del caso y la negativa con recusarlos. Gonzalo Boye alega que la interpretación del derecho español se tiene que hacer teniendo en cuenta el derecho comunitario europeo y su jurisprudencia.
En caso de que el TC tenga dudas sobre la aplicación de la legislación europea, Boye pide al tribunal que plantee las cinco cuestiones prejudiciales al TJUE que ya ha planteado durante buena parte del procedimiento. Tienen relación con la supuesta falta de neutralidad de los magistrados intervinientes y la desproporción de la pena.