Superada la pantalla de la constitución de la Mesa del Parlament, ahora toca la de la investidura. La ley es muy clara al respecto: escogido el nuevo órgano rector de la cámara catalana con el inicio de la legislatura, la presidencia del Parlament —desde el lunes, en manos de Josep Rull— tiene diez días hábiles para convocar un pleno de investidura. Para hacerlo, previamente tiene que proponer a un candidato a presidir la Generalitat, que emerge tras hacer una ronda de consultas a los grupos con representación parlamentaria. De esta manera, la fecha límite para celebrar este primer pleno de investidura es el martes 25 de junio. Y, de hecho, así lo ha certificado este miércoles el president Rull en la primera reunión de la Mesa: el 25 de junio habrá sesión plenaria. En estos momentos, ni Salvador Illa ni Carles Puigdemont tienen los apoyos suficientes para ser elegidos president de la Generalitat. Por eso, existe la posibilidad de que sea un pleno sin un candidato a la investidura: habría que recurrir al acto equivalente a una investidura fallida.
La ley de la presidencia de la Generalitat y del Govern especifica que, si esta primera votación (para la cual el candidato necesita mayoría) no prospera, se activa una cuenta atrás automática de dos meses para evitar una repetición electoral. Así pues, si hubiera un candidato a la investidura el próximo 25 de junio, lo más probable en estos momentos es que fracasara en este primer intento y se pusiera en marcha el calendario límite para evitar la repetición electoral: en este supuesto, la fecha clave sería el 25 de agosto. Si pasado este plazo no hay acuerdo para investir a ningún diputado, la 15.ª legislatura embarrancaría y Catalunya volvería a ir a las urnas a mediados de octubre.
El martes y miércoles de la próxima semana —es decir, el 18 y 19 de junio—, Josep Rull se reunirá con los representantes de todos los grupos para evaluar quién se podría someter a un debate de investidura el 25 de junio. El martes lo hará con el Partido Popular, Vox, Comuns Sumar, la CUP y Aliança Catalana; mientras que dejará para el miércoles los tres grupos con más peso parlamentario: el PSC, Junts+ y Esquerra Republicana. Será el miércoles por la noche o el jueves por la mañana (que sería la fecha límite para convocar formalmente el pleno del 25 de junio) cuando Rull anuncie a quién propone para la investidura. ¿Qué podría guiar la elección del juntaire? De entrada, si ambos manifiestan su intención de concurrir, se podría decantar por el que tenga más apoyos. Si no fuera así y solo Illa quisiera someterse a la investidura como ganador de las elecciones, nombraría al socialista para el debate del 25. ¿Pero qué pasaría si ningún candidato tiene los apoyos necesarios y tampoco manifiesta la voluntad de presentarse a la investidura? Es en este terreno donde entra en juego el acto equivalente a una investidura fallida, una manera de superar el bloqueo y activar la cuenta atrás para unas nuevas elecciones.
El precedente del acto equivalente después de la inhabilitación de Quim Torra
Para entender mejor cómo opera esta vía, hay que remontarse al inicio del año 2018, ya que por primera vez se hace referencia a este término entonces. El 22 de enero de aquel año, el entonces president del Parlament, Roger Torrent, propuso a Carles Puigdemont como candidato a la investidura para ser elegido president de la Generalitat. El pleno se tenía que celebrar el 30 de enero, pero el Gobierno impugnó la resolución del dirigente republicano ante el Tribunal Constitucional para evitar cualquier tipo de investidura de Puigdemont, fuera telemática o no. Tres días antes de esta sesión, el Constitucional solo autorizaba una investidura del president en el exilio si era con "autorización judicial" y que fuera presencial. Además, advertía a la Mesa si no cumplía estas medidas cautelares: lo alertaba sobre el hecho que no suspendiera este pleno de investidura en el caso de que no se cumplieran estos requisitos, tratando de impedir una investidura telemática e incluso en el supuesto de que Puigdemont hubiera llegado al Parlament sin pasar por la justicia.
Ante esta circunstancia, Roger Torrent aplazó el pleno y la Mesa de la cámara encargó un informe a los letrados del Parlament sobre la afectación que tenía esta decisión en relación con la activación del calendario para evitar unas nuevas elecciones. Una semana después, el entonces secretario general del Parlament, Xavier Muro, emitió este informe en el cual señalaba que el aplazamiento del pleno no suponía la activación de la cuenta atrás de dos meses y hablaba de "parón" institucional. En esta línea, el texto planteaba caminos para rehuir la parálisis y el bloqueo: se precisaba que el Consejo de Estado había elaborado la doctrina del acto equivalente a la primera votación de investidura fallida: "Se trata de un supuesto válido a aplicar cuando se constate como realidad cierta y objetivable que en el plazo hábil no habrá candidato dispuesto o en condiciones de solicitar la confianza de la cámara". "La fórmula sugerida fue que el presidente de la cámara comunicara esta situación al pleno, de manera que la manifestación de voluntad recepticia del pleno con relación a esta comunicación produjera el mismo efecto que la primera investidura fallida", añadía. Esta vía permite, pues, el inicio del cómputo de dos meses ante la constatación de bloqueo político que impide que un candidato prospere. Este acto, además, solo le corresponde a la presidencia del Parlament, dado que es quien tiene atribuida la responsabilidad de proponer un 'presidenciable'. Finalmente, no se aplicó porque la cuenta atrás la marcó la investidura fallida de Jordi Turull.
Dos años después, con la inhabilitación del president de la Generalitat, Quim Torra, por no retirar del Palau de la Generalitat una pancarta de apoyo a los presos políticos y exiliados en periodo electoral, el acto equivalente a una investidura fallida volvió a resonar. Y en esta ocasión sí que se aplicó. El 16 de octubre de 2020, tras las consultas a los grupos parlamentarios, el president Roger Torrent constató que ningún candidato se había postulado para ser investido. En un pleno del 21 de octubre de 2020, leyó una resolución que se publicó el mismo día en el Butlletí Oficial del Parlament: "Una vez consultados los representantes de los partidos y grupos políticos con representación parlamentaria [...] constata que no le ha sido posible proponer al pleno de la cámara un candidato para ser investido president o presidenta de la Generalitat". Después de hacer esta lectura, Torrent dio la palabra a los grupos por un tiempo máximo de cinco minutos para hablar sobre esta cuestión.
La próxima semana, por lo tanto, será clave para saber si el día 25 habrá un pleno de investidura de Salvador Illa, uno de Carles Puigdemont o bien uno en el que el president del Parlament, Josep Rull, comunique al pleno que se activa la cuenta atrás de dos meses tras certificar que no hay ningún candidato que todavía reúna suficientes apoyos para ser investido president de la Generalitat. Este martes, el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, retaba a Salvador Illa a presentarse a la investidura "si tiene tan claro" que tiene los apoyos necesarios: "Y si no sale, que lo deje estar". "Como Illa dice que tiene tantos apoyos, que vaya primero, a ver qué hace. Y si quiere ir mañana, que vaya mañana". De hecho, Turull afirmaba que no postularán a Puigdemont si no es para ser escogido: "No queremos hacer un Feijóo. Preferimos ir a la investidura cuando pensamos que saldremos adelante".