Este lunes las puertas del Parlament permanecerán cerradas. No habrá reuniones en tiempo de descuento, cuchicheos en los pasillos, mesas donde se escenifiquen grietas, ni manifestaciones en la puerta. Se acaba el curso político con un hecho absolutamente nuevo e inédito, una presidenta del Parlament suspendida y pendiente de un juicio por prevaricación y falsedad documental por su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes. En agosto dará tiempo para destensar las relaciones entre los partidos independentistas y también para rebajar la intensidad vivida a raíz del caso Borràs, y servirá también para no tener que escoger inmediatamente a una nueva persona que haga sus funciones: no para ser presidenta, ya que Borràs no piensa dimitir. Ha sido suspendida, no piensa dimitir, pero el acuerdo de Gobierno entre ERC y Junts se mantiene intacto: aquí no ha pasado nada, aunque algunas bases ya han pedido la salida de Govern.
Así, el curso empezará sin presidenta. Forzar una situación de interinaje es la voluntad de la líder de Junts per Catalunya una vez el PSC, ERC y la CUP la han hechado del Parlament. Será ERC quien tendrá que asumir de manera temporal las funciones de la presidenta, ya que recaen en la vicepresidencia primera que ostenta Alba Vergés. A pesar de eso, ERC ya ha hecho un llamamiento a Junts para que haga una propuesta para poder asumir estas funciones, tal como fija el pacto de investidura de Pere Aragonès que atribuye la presidencia de la cámara catalana a Junts. Los republicanos están abiertos a hablar, y Junts tendrá este tiempo más distendido para pensar la estrategia, siempre bajo la sombra de las peticiones de la presidenta del partido, que se ha marchado muy indignada cargando contra ERC y la CUP: "Jueces hipócritas", dijo a los miembros de la Mesa que la suspendieron.
Juicios contra independentistas y desobediencias forzadas
Sin presidencia o no, en septiembre vuelve la actividad. Y lo hace con un calendario lleno de citas con la justicia, por la represión del estado contra el movimiento independentista. En la mesa de diálogo ERC y el Gobierno hablaban de desjudicialización, una cuestión que tendrán que abordar mientras se juzga la diputada de la CUP Eulàlia Reguant por no haber contestado Vox durante el juicio a los presos independentistas (28 de septiembre), al conseller Roger Torrent y el resto de miembros de la Mesa por desobediencia (5 de octubre), y comparecencias pendientes de las exiliadas Meritxell Serret (ERC) y Anna Gabriel (CUP). A estos juicios se le suma la imposición del Tribunal Constitucional, que quiere parar el voto delegado del diputado en el exilio Lluís Puig: los partidos independentistas se comprometieron a preservarlo desobedeciendo, pero esta desobediencia todavía no se ha visto materializada sobre los documentos oficiales que recojen los votos de los diputados. Todos estos hechos pueden tensar de nuevo un independentismo que tiene una estrategia absolutamente dividida, y el debate de política general programado para finales de septiembre podrá ser un buen medidor de estas diferencias.
11-S y el punto de inflexión de Junts
Lo fue el curso pasado cuando la CUP presentó una propuesta de resolución para la celebración de un referéndum esta legislatura. La división del independentismo impidió aprobar esta opción que intentaron negociar in extremis los partidos hasta última hora y que acabó con la CUP optando por el referéndum y ERC por el diálogo. El curso empezará muy igual: ERC ocupada en el diálogo con el estado que tiene que llevar avances antes de acabar el año, la CUP absolutamente separada del ejecutivo apostando por la ruptura y la desobediencia constantes, y un Junts per Catalunya que prometió, en la aprobación de su ponencia, un punto de inflexión el mes de octubre. Un punto que muy seguro mirarán de cerca ERC y la CUP, que hasta ahora criticaban que los de Laura Borràs y Jordi Turull no tenían ninguna estrategia para llegar a la independencia. Bien cierto es que el espacio de Junts se tenía que reordenar y organizar, y ahora con la estructura montada, podrá caminar con más velocidad.
Festividades como el 11 de septiembre servirán para medir la fuerza de la calle, pero habrá que tener en cuenta también la difícil situación económica que se prevé en otoño por la inflación derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania. Será muy importante adoptar medidas valientes y saber gestionar esta situación para "no dejar a nadie atrás", como reivindica siempre el gobierno de Pere Aragonès, y en este punto será muy decisiva la gestión de los presupuestos para el año 2023. Una tarea que liderará el conseller de Economía, Jaume Giró, que ya ha empezado a reunirse con los grupos parlamentarios para trabajar unas cuentas que se tendrán que adaptar a la nueva situación económica postpandemia y de guerra. Otoño caliente, situación económica complicada, gobierno catalán estable a pesar de las pequeñas crisis internas y un independentismo que se pondrá a prueba y exhibirá su masa social.