¿Qué le puede ofrecer Pedro Sánchez a Carles Puigdemont? La pregunta tiene ya una semana de edad y todo indica que pasarán unas cuantas más hasta que no se empiece a dibujar la línea que puede trazar el líder socialista para llegar a un acuerdo con Junts y mantenerse así en la presidencia española. Con el futuro de la política estatal en manos del presidente de la Generalitat en el exilio, ElNacional.cat se ha puesto en contacto con varios expertos para que presenten algunos esbozos de aquello que España le puede ofrecer a Catalunya sin que ninguna de las dos partes se tenga que poner las manos en la cabeza.
El punto de partida es bien conocido. Pedro Sánchez necesita que lo invistan presidente del Gobierno y la fuerza política que parece que le pondrá las cosas más complicadas es Junts, que pide la amnistía a todos los investigados por el procés y un referéndum de autodeterminación. La primera respuesta del ejecutivo estatal es la esperable: hay que negociar dentro de los marcos de la Constitución y ninguna de las dos cosas que pide la formación de Puigdemont tienen cabida en ella. Pero eso es, de momento, la casilla de salida de las dos partes. Hay voces que señalan que el texto sagrado del españolismo se puede interpretar de diferentes maneras. Uno de ellos es Joaquín Urías, que recuerda que en la Constitución no aparece la palabra 'amnistía' pero que al mismo tiempo prohíbe el indulto general, cosa que provoca diversidad de opiniones sobre este aspecto entre los expertos.
El profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional opina en este periódico que primero habría que hacer un análisis exhaustivo de qué delitos pesan sobre el millar de represaliados por el procés para entonces "saber cómo se puede hacer una nueva reforma del Código Penal". Pero avisa que uno de los obstáculos con los que pueden chocar PSOE y Junts, por mucho que haya "voluntad política" de ambas partes para llegar a un acuerdo, es el Tribunal Constitucional. Considera, no obstante, que para evitarlo se podría hacer una redacción de la legislación "mucho más fina" que en la reforma de la malversación y la sustitución de la sedición por los desórdenes públicos agravados. "Después los jueces han podido hacer sus interpretaciones", lamenta.
Urías opina que es más complicado llegar a un entendimiento con el referéndum. Como es un jurista progresista, insiste en que lo importante no es qué dice la Constitución, sino qué quieren las diferentes partes. "Pero aquí no hay voluntad política", subraya. Avisa, también, de que "incluso la derecha española es consciente" de que en el Estado "en algún momento se tendrá que abrir el debate del modelo territorial". Y abre de esta manera la puerta de unas negociaciones entre el PSOE y el independentismo en torno al autogobierno.
Giran bastante entorno a esta cuestión las exigencias de Esquerra Republicana, que por mucho que insista también en la negociación de un referéndum y de la amnistía, se afana por hacer realidad el traspaso total de Rodalies y acabar con el déficit fiscal. El catedrático de derecho penal Joan Queralt, que en las elecciones generales del 23-J se convirtió en senador de ERC, insiste en que en política "todo es posible" y que no se tiene que tener la idea de que el referéndum "va contra las leyes de la física". También en declaraciones en ElNacional.cat recuerda que Carles Puigdemont no es el único exiliado, y que hay que encontrar soluciones para acabar con la persecución del millar de encausados por el procés. "La amnistía no está prohibida", remarca.
En la Moncloa, de momento, dicen que están cerrados por vacaciones. El resultado del 23-J es muy delicado, pero deja una cierta estabilidad que permite "reponer" y "analizar" el escenario actual poco a poco. No solo dicen en público que hace falta una absoluta "discreción" en las negociaciones con Junts, sino que tampoco en las conversaciones informales se atreven a hacer pronósticos. Desde el núcleo duro del Gobierno señalan que "habrá que ayudar a Junts a tomar decisiones" sin olvidar que ERC, Bildu, PNV y BNG tendrán también que tener sus motivos para votar afirmativamente a la investidura de Sánchez.
En los despachos de Ferraz, además, confían en que Junts le tenga miedo a un porrazo electoral en unas segundas elecciones, y también que la existencia de "dos almas" dentro de la formación de Puigdemont ayude a encontrar vías pragmáticas. Ahora bien, en el núcleo del Gobierno también cruzan los dedos para que todo este lío no acabe con una "guerra civil" en Junts. Eso, creen, complicaría las cosas. El equipo de Pedro Sánchez tampoco considera un error haberle quitado a Xavier Trias la alcaldía de Barcelona con la ayuda del PP y los comuns. "No tiene nada que ver", sostienen. De la misma manera que todavía no le dan relevancia a las negociaciones entre Jaume Asens y Carles Puigdemont: "Es cosa de Sumar, el gobierno no envía emisarios".
"Es el mismo reto que en la Transición"
Jordi Palou-Loverdos, abogado, mediador internacional de conflictos y director de la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU, lo tiene claro cuando se le pregunta qué tendrían que hacer Pedro Sánchez y Carles Puigdemont para intentar un acuerdo: "En el actual bloqueo, con el marco legal y constitucional, hace falta una decisión política. Y primero de todo hace falta hacer lo que decía el primer documento de la mesa de diálogo que no se hizo: crear un grupo de expertos, de prestigio y confianza por parte del grupo español y del catalán para que de forma discreta hagan propuestas serias sobre el núcleo duro del conflicto político, que es la distribución del autogobierno, dentro del marco de la Constitución y más allá. Y que después este sistema creativo más allá de las autonomías sea consultado y validado."
El abogado, especializado en derechos humanos y justicia transicional, sostiene que "el sistema autonómico está agotado" y que "los padres de la Constitución tenían una vocación federalizante y se inventaron las autonomías, como un punto intermedio entre los landers alemanes y las regiones italianas, y que las comunidades históricas se tenían que desarrollar". Para Palou-Loverdos, el momento actual es comparable a la Transición: "Atravesaron como un túnel para ir a un sistema democrático, y ahora se tiene que avanzar el sistema democrático de los años 70." Por eso, apuesta que el Estado mantenga competencias clave, como el ejército, pero que se permita a Catalunya ejercer un nuevo sistema de financiación, de justicia y de autogobierno, y que este se pueda revisar, por ejemplo, en diez años".
¿Y las personas represaliadas? Para Palau-Loverdos su situación es importante, "pero es una consecuencia jurídica y penal, no el conflicto real". Y apuesta para que se den "propuestas diversas", más que una amnistía general, como por ejemplo a quien el Tribunal de Cuentas le reclama millones, a la situación de los exiliados, como el presidente Carles Puigdemont y Marta Rovira, o a los que bloquearon carreteras con Tsunami Democràtic. "Son obstáculos colaterales al conflicto político", afirma el experto, aunque no quiere menospreciar el sufrimiento de los encausados. El abogado sostiene que la reforma del Código Penal, con la derogación del delito de sedición, y los indultos, se consiguieron "en negociaciones políticas, no en la mesa de diálogo, que es un instrumento potente, pero no se usó bien".
"Comprensión de los otros"
Palou-Loverdos afirma que la situación actual entre los gobiernos de España y Catalunya es complejo, "pero, por suerte, no como los casos que tienen muertos sobre la mesa", como en el caso de Ruanda, donde el abogado fue facilitador principal del Diálogo IntraRwandés (2004-2011). Insiste en que estos expertos que "hacen de puente entre partes existen, y que comprenden la visión de los otros, que no quiere decir llegar a un acuerdo siempre".
En el caso del conflicto español-catalán, el abogado apuesta por un perfil de expertos politólogos y economistas, además de personas de confianza de los partidos, que "recuperen principios de confianza y de reconocimiento mutuo". El abogado con la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU impulsó en el 2020 encuentros discretos para recuperar el diálogo entre ciudadanos, políticos y responsables de entidades para rehacer estos puentes rotos en otoño de 2017, con el programa Eep! Catalunya-Espanya. Palou- Loverdos califica el resultado de las elecciones generales del domingo "como una oportunidad excepcional para la negociación, tomando en consideración la pluralidad política surgida de las urnas".