El espionaje al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se enmarca en una denuncia de Citizenlab que en abril del 2021 reveló que se habían encontrado las pruebas de acceso en los móviles de 65 personalidades del movimiento independentista catalán en el 2020. El informe del Citizenlab, un grupo de investigadores de la universidad canadiense de Toronto, determinaba que el análisis de los aparatos mostraba la intrusión de Pegasus, pero no se podía recorrer la pista y determinar quién era el autor del espionaje.

En Catalunya, todas las miradas se giraron hacia el gobierno español, teniendo en cuenta que Pegasus es un instrumento de espionaje muy potente y de un coste elevado, solo apto para organizaciones gubernamentales. Ahora bien, determinar quién espió y sus razones era un aspecto que el informe no podía establecer con pruebas. El Gobierno reclamó explicaciones al Gobierno sobre este uso de Pegasus en el estado español, sin obtener ninguna respuesta convincente.

Al cabo de unos días de conocerse el informe sobre los independentistas espiados con Pegasus, el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reveló que su móvil y el de algunos ministros también había sido espiado con el software israelí Pegasus. La crisis derivó en una comparecencia de la entonces directora del CNI, Paz Esteban, a la comisión de secretos del Congreso en mayo del 2021. Allí desvinculó los servicios secretos españoles del espionaje denunciado por Citizenlab (centrado en situaciones que se habían producido en el 2020).

Las revelaciones de Paz Esteban

Pero aunque Esteban desvinculó el CNI de esta denuncia, reveló que en el 2019, durante las protestas contra la sentencia del procés, los servicios secretos españoles sí que habían intervenido, con autorización judicial, los móviles de 18 políticos catalanes, entre los cuales Pere Aragonès, que entonces era vicepresidente con Quim Torra.

Precisamente la documentación judicial que ahora se ha desclasificado tenía que iluminar el camino para averiguar quién ordenó el espionaje del presidente y otros independentistas con el software Pegasus. La documentación judicial que ha llegado al juez que lleva el caso contiene documentación del CNI en que justifica la intromisión en las comunicaciones de Pere Aragonès al considerarlo al líder clandestino de los Comités de Defensa de la República (CDR).

Según la información que ha trascendido, los servicios secretos españoles situaban Aragonès en una posición de liderazgo dentro del movimiento de los CDR, rol que tenía al margen de su posición institucional. Esta información había sido retenida unos días por el Gobierno, que finalmente la envió al juzgado 24 horas antes de la declaración de la exdirectora del CNI.

La declaración ante el juzgado de instrucción 29 de Barcelona ha tenido lugar este viernes por la mañana y se ha hecho de forma telemática durante una hora. Hasta ahora no ha trascendido ninguna información sobre lo que Esteban ha podido explicar ante el juez. No ha trascendido nada porque se ha advertido al abogado de Pere Aragonès de que nada puede difundir del contenido porque si incumple se podría someter a una querella.