El Congreso de los Diputados escenificará este jueves el pacto entre el PSOE y el PP para reformar la Ley de Libertad Sexual, conocida como la del solo sí es sí. En concreto, los socialistas se aliarán con los conservadores -al lado de Junts, el PNV y Ciudadanos- para aprobar la Proposición de Ley que modifica la norma estrella del Ministerio de Igualdad, en contra del criterio de Podemos y de los socios de la investidura. La primera ley de Irene Montero fue una respuesta al malestar social que provocó la primera sentencia contra la Mandada de Pamplona y los cambios instigados ahora por el PSOE son producto de la alarma que han producido los "efectos indeseados", en forma de centenares de rebajas a condenas por agresiones sexuales e, incluso, excarcelaciones de presos condenados por delitos sexuales graves. Después de que entrara en vigor la del sí es sí, los jueces aplicaron la ley más favorable al preso. Según datos del Poder Judicial, ya se ha decretado 978 rebajas y 104 excarcelaciones.
Con todas las cartas sobre la mesa, vale la pena hacer un diagnóstico de la evolución que ha vivido el texto, qué cambios se han introducido, cómo queda finalmente y qué debates ha suscitado entre los grupos parlamentarios.
El Código Penal previo al solo sí es sí
La fórmula previa a la ley del solo sí es sí establecía una diferencia entre agresión sexual (más grave) y abuso (menos grave). El rasgo distintivo era si había voluntad de anular la voluntad de la víctima a través de la violencia o la intimidación, más allá de sí había consentimiento o no. Dicho de otra manera, que aquello importante era que la víctima tenía que demostrar que habían utilizado la fuerza para agredirla sexualmente y el hecho de que hubiera dicho expresamente "no" no tenía ninguna relevancia a la hora de determinar el delito.
El cambio de paradigma del sí es sí
El cántico de 'solo sí es sí' gritado por el movimiento feminista que se popularizó a raíz de la primera sentencia de la Mandada empujó el gobierno de coalición a cambiar el Código Penal. La norma aprobada por el PSOE y Podemos unificó todos los supuestos bajo el mismo delito de agresión sexual eliminando la distinción respecto de abuso y poniendo el consentimiento en el centro. Es decir, que todo acto que atacara la libertad sexual de una persona se consideraría agresión sexual si no había consentimiento. La norma unificó los delitos menores con otros más graves y estableció nuevos horquillas de penas más amplias que, a la práctica, provocó que algunos jueces rebajaran algunas condenas contra agresores, entendiendo que se tenía que aplicar la ley más favorable al preso. El objetivo era que la justicia centrara la discusión en el consentimiento y evitar que las víctimas tuvieran que constatar hasta qué punto habían resistido para demostrar la violencia.
El conflicto entre el PSOE y Podemos
La interpretación que han hecho algunos jueces del articulado dejó paso a una alarma social sobre los "efectos indeseados" que propició. Por eso, el PSOE y Podemos se pusieron de acuerdo en que se tenían que introducir cambios a la ley y, a pesar de negociarlos intensamente, los socialistas acabaron registrando una Proposición de Ley unilateralmente sin el concurso de los morados. En este sentido, la propuesta mantiene la definición de consentimiento y la unificación de los delitos aunque vuelve a introducir la violencia y la intimidación como hechos que establecen penas más altas. La vía utilizada es plantearlo como subtipo del Código Penal. Es decir, hablan de introducir figuras agravantes en todos los tipos delictivos cuando el agresor se sirve de la violencia y la intimidación para obtener el consentimiento de la víctima. La idea de los socialistas es aumentar las penas en la parte alta del horquilla en diferentes artículos del Código Penal cuando intervienen estos dos elementos en la discusión.
En este contexto, Podemos interpreta que las víctimas tendrán que volver a vivir "un infierno probatorio" para demostrar que han sido agredidas sexualmente y, de facto, representa un retorno al esquema judicial anterior. La piedra de toque, pues, está en donde se coloca la violencia y la intimidación en la versión actualizada del texto y, por eso, los morados defienden que el consentimiento esté intacto en el corazón de la ley. Su propuesta era que estos dos elementos se colocaran en la reforma -que estaban dispuestos a hacer- como agravantes, y que no constituyeran un delito en sí mismo. Por el contrario, los representantes del PSOE creen que este modelo podría provocar condenas "desproporcionadas".
Las "correcciones técnicas" del PP
A pesar del enfado de Podemos, el PSOE tendrá el aval del Partido Popular para aprobar la modificación definitiva. Aunque los horquillas de penas de castigo se mantienen iguales, los populares han introducido cambios poco sustantivos a la ley reformada, a través de "enmiendas técnicas", que implican recuperar dos tipificaciones de delito que se habían eliminado por error. Entre las rectificaciones aceptadas, destaca el castigo a la distribución de contenidos que incitan a cometer agresiones sexuales a menores de 16 años. Otra enmienda recupera la tipificación del delito de trato degradante, que se suprimió equivocadamente. También se han pactado otras modificaciones menores relacionadas con el redactado.
Los efectos de la reforma
En cualquier caso, la aprobación de la Proposición de Ley no tendrá efectos retroactivos. Es decir, no se podrán revisar las rebajas de condena dictadas anteriormente. Sí que tendrá consecuencias en las sentencias que se revisen tan pronto como la modificación entre en vigor. Solo la aplicación del nuevo texto -y la interpretación que hagan de él los jueces- establecerá si el consentimiento está en el corazón de la ley o la violencia y la intimidación vuelven a ser determinantes a partir de ahora en casos de agresión sexual.