Dispersión ampliada. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha informado este viernes que la querella que presentó por el espionaje con el software Pegasus que sufrieron cinco de sus miembros, finalmente, ha sido admitida por el titular del juzgado de instrucción 23 de Barcelona, el 26 de julio pasado. La ANC recuerda que el mayo pasado presentó esta querella por vulneración del derecho a la intimidad y al de asociación "por el espionaje del Estado español" a los expresidentes, Elisenda Paluzie y Jordi Sànchez, además de otros tres miembros de la entidad mediante el programa informático Pegasus, con el cual se infectaron sus dispositivos móviles entre los años 2017 y 2020.
Así, después de que el titular del juzgado de instrucción 32 de Barcelona, que tiene la primera causa por el espionaje con Pegasus desde el 2020, rechazara las nuevas querellas presentadas este año a raíz de la confirmación del CatalanGate, actualmente hay seis juzgados diferentes de Barcelona que tienen sobre la mesa este espionaje al independentismo catalán: el juzgado de instrucción 20, la querella de dos cargos de ERC; el juzgado de instrucción 21, los tres de Òmnium; el juzgado 22, los tres de la CUP; el juzgado de instrucción 23, los cinco de la ANC; el juzgado de instrucción 24, la del abogado Andreu van den Eynde, más el juzgado de instrucción 32, con la primera querella de Roger Torrent y Ernest Maragall. Aparte, un juzgado de instrucción de Madrid investiga el espionaje sufrido por el penalista Gozalo Boye.
La Asamblea acusa al Estado español
En un comunicado, la Asamblea afirma que el objetivo de la querella es "averiguar quién hay detrás de estos hechos delictivos". Y añade: "Si bien se desconoce la identidad de los autores de los hechos, el abogado de la entidad, Toni Abat i Ninet, entiende que los hechos y el interés político que generan las personas querellantes apuntan que los autores tendrían que ser miembros de los poderes públicos del Estado." La ANC sostiene que podrían ser "miembros del Centro Nacional de Inteligencia o alguna división específica de las fuerzas de seguridad del Estado, como la Policía Nacional o la Guardia Civil, que hayan podido tener acceso a esta herramienta de espionaje".
Abad, al anunciarse la presentación de la querella el mayo pasado, indicó que "las pruebas aportadas evidencian la utilización del programa de espionaje Pegasus" con el fin de acceder en conversaciones, mensajes, documentos y comentarios privados de los afectados, siendo constitutivos de unos o más delitos de revelación de secretos y contra la intimidad.
El abogado de la ANC añadió que "la utilización de un programa de espionaje contra ciudadanos escogidos por el hecho de tener unas ideas políticas concretas y por ser miembros de organizaciones de la sociedad civil que realizan actividades para conseguir sus objetivos políticos legítimos, es un acto de carácter antidemocrático e ilegítimo y, además, implica una flagrante vulneración del derecho fundamental a la intimidad".
Los ataques a los cinco miembros
La querella denuncia también la vulneración del derecho fundamental de asociación. "El uso de Pegasus contra los querellantes por el hecho de ser miembros de una asociación registrada y lícita, además de suponer una monitorización total y una intromisión absoluta en el espacio de la intimidad, también implica una vulneración del artículo 22 de la Constitución Española". Según explicaba Abad, "todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley, puede hacerse mediante el derecho de asociación".
La Assemblea Nacional Catalana detalla los ataques a los cinco querellantes certificados por el grupo Citizen Lap: la anterior presidenta, Elisenda Paluzie (cuatro ataques y una infección probada, entre 2019 y 2020); el expresidente de la entidad, Jordi Sànchez (veintiséis ataques entre 2015 y 2017 y 4 infecciones probadas); los secretarios nacionales Sònia Urpí (dos ataques con SMS el año 2020 y una infección probada) y Arià Bayé (un ataque vía SMS el año 2020), y Jordi Domingo (víctima vía WhatsApp el año 2019), miembro de base de la entidad.