El exvicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, ha presentado una querella criminal contra la jueza del TSJC Maria Eugènia Alegret por la presunta comisión del delito de detención ilegal, prevaricación y delito contra la inviolabilidad parlamentaria, en conexión con otro delito contra el ejercicio de los derechos cívicos.

Costa está siendo investigado por el TSJC en la causa contra la Mesa del Parlament que presidía Roger Torrent por haber permitido debatir resoluciones sobre la monarquía y la autodeterminación. El exdiputado anunció la intención de interponer la querella contra la jueza el 27 de octubre, cuando Alegret ordenó su detención para obligarlo a comparecer ante el tribunal después de que no lo hizo el 15 de septiembre, cuando se le citó a declarar.

Alegret ha sido la ponente de todos los autos dictados contra Costa en este procedimiento y el exdiputado la hace responsable de declarar al TSJC competente para investigarlo en marzo de 2021, obviando la inviolabilidad parlamentaria que lo protegía. También la responsabiliza de haber desestimado o inadmitido, "de forma claramente arbitraria y aplicando interpretaciones absurdas o rebuscadas", todas las acciones que llevó a cabo contra la admisión a trámite del caso y contra la personación de Vox en la causa. "Alfombra roja a un partido afín a la magistrada instructora para instrumentalizar mediáticamente un proceso contra adversarios políticos y ninguna concesión a los investigados", denuncia en un momento del texto. 

Juez predeterminado

Igualmente, tampoco se aceptó el recurso presentado por el también miembro de la Mesa Eusebi Campdepadrós y al cual se adhirió Costa cuando dejaron de ser miembros del Parlamento y argumentaron de que el TSJC ya no tenía competencia objetiva respecto a ellos. Con esta decisión denuncia que se ha vulnerado su derecho al juez predeterminado por ley.

En el escrito, Costa recuerda que solicitó la suspensión de su declaración del 14 de septiembre simultáneamente con la presentación de un recurso de amparo ante el TC invocando la necesidad de garantizar la tutela judicial cautelar. La suspensión fue denegada y en nombre de Costa compareció el abogado Gonzalo Boye, al cual Alegret interrumpió cuando exponía las razones por las cuales su cliente había decidido hacer uso del derecho a no declarar.

Actuación imparcial

"Desde el mismo día de la citación, en que el abogado codefensor compareció en nombre del querellante y confirmó la voluntad de este de no declarar, la Sra. Alegret ha manifestado un interés en ordenar la detención del querellante impropio de quien actúa imparcialmente", denuncia.

El exdiputado argumenta que Alegret preguntó a las partes si querían pedir alguna medida por el hecho de que no hubiera comparecido y que, como no lo pidieron, ordenó abrir una pieza de situación personal y cuatro días más tarde proveyó un escrito a Vox pidiendo su detención y dio traslado al fiscal para que se adhiriera, pero este informó en contra.

Detención

El 13 de octubre Alegret citó al querellante y lo invitó a comparecer voluntariamente reservándose el derecho de ordenar su detención en cualquier momento. Eso provocó un nuevo escrito de Costa y una nueva inadmisión a trámite hasta que el 13 de octubre la jueza dictó auto ordenando su búsqueda, detención y presentación ante el tribunal.

El exdiputado de Junts asegura que esta orden de detención está llena de datos falsos e inexactitudes, "exterioriza una voluntad de la magistrada sin fundamento jurídico razonable", con una "interpretación manifiestamente arbitraria e irrazonable de la ley procesal, y que desprecia el derecho fundamental a la libertad".

Denuncia que su detención no cumplió los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad y fue completamente inútil y superflua. "Una pura represalia de la magistrada", recalca.

Señala que la detención se produjo el 27 de septiembre a las 10.15 horas de la mañana, sin haber sido previamente notificada a las partes el día de su emisión. Solo se les comunicó una vez realizada la detención. "La ocultación maliciosa por parte de la magistrada instructora de la orden de detención demuestra la intencionalidad de ejecutar la orden sin que el querellante pudiera cuestionar la legalidad", denuncia. Añade que eso le desproveyó de la tutela judicial efectiva y del derecho a un proceso con todas las garantías.

Ningún procurador ha firmado

A pesar de solicitar un habeas corpus, Costa fue trasladado a los calabozos del Palacio de Justicia hasta las 14.30 horas, cuando fue llamado a declarar, momento en que, de nuevo, planteó su recusación a Alegret como magistrada. La detención, asegura, duró cerca de cinco horas, cuando la diligencia, si se hubiera llegado a celebrar, no habría durado ni cinco minutos.

"Es absolutamente desproporcionado privar a un investigado de su libertad aunque solo sea por unas horas, por no acudir a declarar en una causa penal, teniendo derecho a no hacerlo, ya que en el peor de los casos no puede comportar una pena privativa de libertad ni en su mínima expresión", advierte. Por todo ello, argumenta que se habría vulnerado el derecho a la libertad personal, a la libertad de movimientos y el derecho a no declarar.

En el último punto del escrito, Costa informa al juzgado de que la querella se presenta sin la imprescindible firma de un procurador porque no ha encontrado a ningún profesional dispuesto a firmarla "debido a su singularidad". Por esta razón, ha solicitado al juzgado que remita oficio al Colegio de Procuradores para que designe a uno como representante del querellante en este procedimiento.

 

En la imagen principal, el exvicepresidente del Parlament Josep Costa a la salida del TSJC después de ser detenido / Carlos Baglietto