El colectivo de juristas Drets y el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) han elaborado conjuntamente, como acusación popular, una querella contra varios representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado relacionada con la Operación Catalunya .
La querella, que ya ha sido admitida a trámite y que está en fase de instrucción en la Batllia número 2 de Andorra, va dirigida contra el comisario Eugenio Pino, responsable de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional Española (DAO), el Inspector en jefe Bonifacio Díaz, de la misma unidad, el comisario Marcelino Martin-Blas, jefe de la unidad de Asuntos Internos y Celestino Barroso, agregado del Ministerio del Interior de la embajada de España en Andorra, por delitos de amenazas, coacciones, chantaje y extorsión a ciudadanos andorranos con el objetivo de perjudicar la imagen de políticos independentistas catalanes en el marco de la conocida Operación Catalunya.
Ambas entidades consideran que los cuatro querellados vulneraron los derechos y libertades de tres ciudadanos andorranos: el accionista mayoritario de Banca Privada de Andorra Higini Cierco, el consejero delegado de BPA y Banco Madrid Juan Pablo Miquel, y la secretaria del Consejo de administración de BPA Rosa Castellón. Según las entidades, en mayo y junio de 2014 "los tres directivos fueron amenazados, coaccionados y extorsionados por parte de los cuatro agentes policiales" con el objetivo de obtener información de supuestos cuentas bancarias de políticos catalanes independentistas, como Artur Mas y Oriol Junqueras, además de Jordi Pujol en el marco de la llamada Operación Catalunya.
En septiembre de 2016 los tres dirigentes andorranos denunciaron los hechos especificando los detalles de los encuentros presenciales y llamadas telefónicas a través de las que habían sido amenazados por parte de los cuatro policías.
Las amenazas se cumplieron
Asimismo, Drets e IDHA apuntan que "las amenazas se cumplieron", ya que la presión de España terminó "de manera fulminante con la existencia de Banca Privada de Andorra (BPA) y su equivalente en Madrid , Banco Madrid ", que fueron intervenidas en marzo de 2015. Con esta intervención se demostró que ni el expresident Artur Mas ni el vicepresidente del Govern Oriol Junqueras ni ninguno de sus familiares tenían dinero en el banco andorrano, y es por eso que en el texto de la querella las entidades piden a la alcaldía de Instrucción número 2 de Andorra que lleva la causa, que en las diligencias previas de la investigación tome declaraciones a los dos políticos catalanes en calidad de perjudicados.
Para las entidades querellantes, todo indicaría que los cuatro agentes del Cuerpo de Policía Nacional actuaron de común acuerdo y en estrecha coordinación, actuando como grupo organizado y supuestamente en nombre de "alguien" que tenía la posibilidad y los medios de hacer " morir el banco ", tal como consta en las declaraciones de los perjudicados.
Las dos entidades, Drets y el Instituto de Derechos Humanos de Andorra, han firmado un convenio de colaboración para trabajar conjuntamente en la causa como acusación popular ya que ambas comparten el interés común de defender los derechos y libertades de los ciudadanos de sus respectivos países y hacer aflorar las maniobras de las cloacas del Estado español.