La asociación Sanfermines-78: gogoan! y Fermín Rodríguez, hermano del joven muerto por disparos de la Policía en los sanfermines de 1978, han presentado una querella contra el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su antecesor, Juan Ignacio Zoido, por un presunto delito de "inutilización u ocultación de documentos".

Los incidentes se desencadenaron con la entrada de la Policía Nacional en la plaza de toros de Pamplona durante la corrida del 8 de julio de 1978, en plenos Sanfermines, con motivo de la colocación de una pancarta en favor de la amnistía y continuaron después en las calles de la ciudad, donde murió el joven Germán Rodríguez y seis personas más resultaron heridas de bala.

Los querellantes afirman que el artículo 413 del Código Penal establece que “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años”.

Al respecto indican que la Comisión de Interior del Congreso debatió un informe policial sobre los sucesos de los sanfermines de 1978, solicitado por la Cámara Baja y encargado por el entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, que a su vez contenía otros tres informes del General Subinspector de la Policía Dionisio Bartrech, el Gobernador Civil de Navarra Ignacio Llano y el Subdirector General de la Policía, José Sáinz.

Este triple informe fue requerido como prueba por la acusación particular dentro del sumario abierto en relación con la muerte de Germán Rodríguez y reclamado en varios ocasiones -incluso a través del Tribunal Supremo-, pero "nunca fue remitida" a pesar de que, de haber sido aportada, "habría tenido sin duda alguna influencia evidente en el proceso".

Añaden que en diciembre de 2017 varios diputados solicitaron el citado informe al Ministerio del Interior, entonces dirigido por Juan Ignacio Zoido, pero la respuesta recibida en mayo de 2018 dice que "no hay en los registros constancia" del mismo y una respuesta igual se obtuvo en julio de 2018 ya con Grande-Marlaska como ministro cuando los diputados reiteraron la petición.

Para la asociación Sanfermines-78: gogoan! estos hechos "muestran una clara voluntad obstruccionista por parte de la Administración del Estado y sus distintos responsables en relación con la investigación de los hechos de Sanfermines de 1978 y, en particular, la comisión del delito de inutilización u ocultación de documentos al que se refiere el artículo 413 del Código Penal".