El presidente Roger Torrent ha presentado este viernes, en nombre del Parlament, una denuncia contra cuatro magistrados del Tribunal Supremo, entre ellos el juez Pablo Llarena, por la vulneración de derechos fundamentales de los diputados en la prisión y en el exilio. De esta manera se da cumplimiento al acuerdo de la mesa del pasado 24 de abril, que aprobó con la mayoría soberanista emprender acciones penales, ante las "sucesivas intromisiones ilegítimas del Tribunal Supremo a la actividad del Parlament", y en "defensa de la dignidad y autonomía de la institución, de la división de poderes, y de los derechos de los diputados y de todos los ciudadanos representados".

El Parlament denuncia Llarena y el resto de magistrados porque considera que cometieron un delito "contra los derechos fundamentales de los diputados" al mantener a los presos políticos privados de libertad. Además, lo denuncian por "detención ilegal", por "obstrucción al normal funcionamiento del Parlament" y por "prevaricación judicial". La denuncia se ha interpuesto contra el magistrado instructor del caso del 1-O, Pablo Llarena Conde, y contra los magistrados Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Francisco Monterde Ferrer y Alberto Jorge Barreiro, integrantes de la Sala de Apelaciones del mismo órgano judicial y que ha ratificado las decisiones de Llarena.

 

La denuncia recuerda que durante su mandato, los diputados disfrutan de inmunidad y de inviolabilidad y que por lo tanto, no pueden ser detenidos excepto en caso de delito flagrante. Por este motivo, el texto presentado por Torrent considera que se ha cometido un delito de detención ilegal, amparado en el artículo 167 del Código Penal. Además, según relata la denuncia, se considera que estos hechos suponen "un ataque contra la división de poderes, el autogobierno y la autonomía parlamentaria", ya que se recuerda de que el Parlament disfruta de autonomía organizativa y de inviolabilidad en el ejercicio de sus funciones, entre las cuales, la de investir al presidente de la Generalitat sin interferencias de ningún otro órgano.

La querella presentada este viernes también considera que Llarena y los otros tres magistrados han cometido un delito contra los derechos fundamentales al no permitir a los diputados propuestos por el presidente del Parlament someterse al debate de investidura. En este sentido, considera que supone una vulneración grave del derecho fundamental a la participación política del artículo 23 CE (en su dimensión de derecho al sufragio pasivo), que también está protegido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y por el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos.

Por este motivo, también se denuncia un delito de obstrucción al normal funcionamiento del Parlament, comprendido en el artículo 449 del Código Penal, que establece penas de inhabilitación de entre 10 a 20 años por las autoridades que ataquen la inviolabilidad parlamentaria de una asamblea legislativa como sería la cambra catalana.

Finalmente, se considera que las decisiones judiciales objeto de la denuncia constituyen también un delito de prevaricación judicial, comprendido en el artículo 446 del Código Penal. Según relata la querella, esta infracción penal ha sido cometida tanto por Llarena como por los magistrados de la Sala de Apelaciones, al haber emitido, todos ellos, un voto favorable a la resolución por la cual se mantuvo la prisión provisional de los diputados, a partir de "razonamientos indiciariamente reveladores de una clara conciencia de antijuridicidad, al introducir valoraciones extrajurídicas y claramente políticas que se exponen en la denuncia".