La querella del president de la Generalitat, Pere Aragonès, por el espionaje padecido con software Pegasus se quedará en un juzgado de Barcelona. La Audiencia de Barcelona ha desestimado el recurso presentado por la Fiscalía, que reclamó que el caso del Catalangate se trasladara a la Audiencia Nacional, según ha avanzado Catalunya Ràdio y ha confirmado ElNacional.cat. La decisión de la Audiencia de Barcelona llega días después de que la Audiencia Nacional archivara el caso de espionaje con Pegasus al presidente español Pedro Sánchez por falta de colaboración de las autoridades de Israel, según el magistrado, para facilitar el interrogatorio de los responsables de la empresa NSO.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), se querelló contra la entonces directora del CNI, Paz Esteban, y contra la mercantil NSO Group, propietaria del software Pegasus por haberlo hecho espiar cuando era vicepresident de la Generalitat y conseller de Economia i Hisenda, en enero de 2020, y en momentos clave de la política española, en medio de las negociaciones con el PSOE para dar la presidencia a Pedro Sánchez. El caso fue a parar al juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, que acordó elevarlo a la Audiencia Nacional, junto a la causa del espionaje al presidente Sánchez, y Aragonés, a través de su abogado Andreu Van den Eynde, presentó recurso. La Fiscalía quería derivar el caso a Madrid.
El juez predeterminado por ley
En la resolución, a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat, la sección 9.ª de la Audiencia de Barcelona da la razón al president Aragonés, que tiene derecho al juez predeterminado por la ley, y que en este caso son los juzgados de Barcelona. También aclara que, a pesar de que la empresa tenga la sede en el extranjero, los hechos pasaron en Cataluña, como ha reiterado el abogado Van den Eynde, en todos los casos de cargos de ERC espiados con Pegasus.
Inicialmente, el titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona, compartía el criterio de la Fiscalía de Barcelona, que Aragonés al ser espiado cuando era vicepresidente de la Generalitat formaba parte de los "Altos Organismos de la Nación" y por eso se tenía que elevar su caso a la Audiencia Nacional.
La Audiencia de Barcelona expone que el razonamiento de la Fiscalía no es desacertado, pero que en este caso tiene razón el president Aragonés, cuando afirma que "no toda investigación a un alto organismo del Estado tiene que ser competencia de la Audiencia Nacional" y que solo lo tendría que serlo "si afecta la forma de gobierno" y en este caso no lo hace. "El juez no motiva si el ataque informático descrito podía afectar o no a la forma de gobierno, que fundamentaría la competencia de la Audiencia Nacional", concluye el tribunal para descartar su competencia. Además, aplica la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que las causas que se deriven a la Audiencia Nacional tiene que ser de forma "excepcional".
Todas las querellas de ERC mantienen la tesis que el CNI, es decir, el Estado español, los espió para controlar los movimientos del independentismo catalán, como demuestra la investigación del Catalangate que certifica 65 personas espiadas. Recientemente, el Parlamento Europeo ha exigido en España una investigación "completa". Todo sigue pendiente.
Precisamente, la Audiencia de Barcelona también argumenta que si se mantiene la teoría de ERC que lo espió el gobierno español, todavía se aleja más la competencia de la Audiencia Nacional sobre un supuesto ataque a una forma de gobierno, como recoge la norma.
El precedente de Torrent
Además, la sección novena recuerda a la Fiscalía que en el caso de la querella de Roger Torrent, la primera que con Ernest Maragall presentaron en el juzgado por haber sido espiados, el ministerio público no pidió al juez, en este caso al titular del juzgado de instrucción 32 de Barcelona, que derivara la causa a la Audiencia Nacional porque Torrent fue espiado cuando era president del Parlament.
Por todo esto, la Audiencia de Barcelona ordena al titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona que asuma el caso del president Aragonès y que acuerde las diligencias pedidas que considere pertinentes.