Izquierda Unida y el PCE han presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el rey emérito, Juan Carlos I, su amiga, la aristócrata Corinna Zu Sayn-Wittgenstein; el director del CNI, Félix Sanz Roldán; Álvaro Orleans; el suizo Dante Canónica; los empresarios Juan Miguel Villa Mir y Juan Villalonga Navarro; y el excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, segons ha avançat el diari Público. 

La querella, presentada ante la sala segunda del Tribunal Supremo, se fundamenta en las presuntas irregularidades en sus cuentas atribuídas al exjefe del Estado en los audios de Corinna.

La querella acusa al rey emérito de haber cometido siete delitos: cohecho, fraude a la Hacienda Pública, administración lelal, fraude, exacción ilegal, tráfico de influencias cometido por autoridad y constitución de grupo criminal.

Por lo que respecta a Corinna, la acusan de cohecho, blanqueo de capitales, usurpación de funciones públicas, encubrimiento, tráfico de influencia, corrupción entre particulares y constitución de grupo criminal.

Si bien la Fiscalía Anticorrupción rechazó investigar a Juan Carlos I por estos presuntos delitos el 7 de septiembre pasado por la inviolabilidad que le otorga la Constitución, los promotores de la querella entienden que ello solo se puede aplciar en el caso de actividades propias del cargo, mientras las presuntas irregularidades las habría cometido en sus actividades de tipo personal.

Lecciones de democracia

"Hemos presentado una querella para investigar los posibles delitos de corrupción de la monarquía actual de algunos de los actores que se van a sentar hoy ahí arriba a darnos lecciones de democracia", ha explicado Alberto Garzón en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a los actos que celebra el Congreso con motivo del 40º aniversario de la Carta Magna, en los que participan los Reyes y también Juan Carlos I, informa Europa Press

En su querella, IU y el PCE recopilan las diferentes informaciones publicadas respecto a los supuestos negocios del Rey y las grabaciones realizadas por Villarejo a Corinna, en las que la amiga personal de Rey emérito acusa a Juan Carlos I de blanquear dinero, entre otras cosas, o al director del CNI de amenazarla a ella y a sus hijos.

En concreto, señalan que todos estos hechos y conductas que relatan "ponen de manifiesto la presunta existencia de una estructura organizada, con vocación criminal, creada y mantenida en el tiempo con el fin de realizar operaciones de índole económico con clara apariencia de ilegalidad".

"La finalidad de la estructura organizada indicada era la presunta obtención ilícita por el entonces Jefe del Estado Juan Carlos Borbón y para su patrimonio personal, de cantidades económicas presuntamente de alta cuantía, a consecuencia de las operaciones comerciales y económicas realizadas por empresas públicas o privadas españolas, así como el ocultamiento a la Hacienda Publica y a la opinión publica en general del dinero obtenido, eludiendo así el
pago de impuestos y el cumplimiento de distintas obligaciones fiscales de información a la Agencia Tributaria", denuncian.

Creen que no hay inmunidad que valga

Según IU y el PCE, "no cabe duda de que en caso de haberse ejecutado dichas conductas, las mismas no son las propias del cargo o función de Jefe del Estado y por tanto ninguna inmunidad, inviolabilidad o irresponsabilidad pueden alcanzar al Jefe de Estado que durante el ejercicio del cargo realiza actividades ilícitas con el único fin de enriquecimiento personal".

"Que la inviolabilidad e irresponsabilidad del Rey y Jefe de Estado está relacionada con el desempeño de sus funciones oficiales y que no consiste en un manto de impunidad sin límites para conductas de índole exclusivamente personal, se deduce de la misma norma constitucional contemplada en el artículo 56.3 de la Constitución", señalan más adelante.

En esta línea, insisten que "no cabe duda de que los delitos por los que ahora se accionan y las conductas realizadas para cometerlos en absoluto se corresponden con ninguna función de un Jefe de Estado, por lo que ninguna inmunidad han de alcanzarles".

Por todo ello, rechazan que la Audiencia Nacional decidiera en septiembre el sobreseimiento provisional de la pieza del caso Tándem que afecta a al Rey emérito, tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que no hay pruebas suficientes en las grabaciones a Corinna y que la figura de Juan Carlos I era inviolable cuando se produjeron los hechos.

"Esta parte disiente frontalmente del contenido del Auto por el que se decidió el sobreseimiento y el archivo de la mencionada pieza, y en particular y muy especialmente, en todo aquello que se refiera de forma directa o indirecta al exjefe del Estado, el rey emérito y ahora querellado Don Juan Carlos Borbón Borbón", señalan.

A su juicio, el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional "carece en absoluto de competencia para hacer pronunciamiento alguno en relación al rey emérito dado el aforamiento
inexcusable e inexorablemente vinculado" a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a la que se dirigen.

"Por lo que al carecer también de competencia la Audiencia Nacional para realizar la Instrucción de la causa, al encontrarse en la misma el aforado D. Juan Carlos Borbón, aparece perfectamente ajustado a derecho y procedente que esta Sala, tras los trámites oportunos requiriese de inhibición al Juzgado Central de Instrucción numero 6 de la Audiencia Nacional, y con referencia a las Diligencias Previas de Procedimiento Abreviado 96/2017, en favor de los presentes autos", reclaman.