Este mediodía se ha presentado en el Tribunal Supremo la querella contra Pablo Llarena por prevaricación. La demanda impulsada por Querellants per la república suma 3.418 denunciantes y se ha entrado en el Supremo justo al día siguiente de conocerse la resolución del tribunal alemán sobre la extradición sólo por malversación de Carles Puigdemont.
Hacía meses que trabajaban, pero un encontronazo con el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, hizo poner el freno para no entorpecer la estrategia de defensa del president en el exilio.
La querella, que va dirigida a Llarena y los tres magistrados de la sala de apelaciones del Tribunal Supremo, es por la vulneración de los derechos fundamentales como el sufragio activo y derecho de representación política de los electores de Catalunya, por un delito de prevaricación y "está totalmente enfocada en el momento de la denegación reiterada de la investidura de Jordi Sànchez. Es fundamental en las dos investiduras denegadas y culmina en el momento en que se hace la suspensión de los derechos como diputados de los procesados", el 9 de julio, según ha explicado Mònica Fernández, una de las portavoces de Querellants per la república.
La querella va directa contra la instrucción de Llarena, porque, según los querellantes, "estas resoluciones son manifiestamente injustas, y son manifiestamente injustas porque no tienen una base jurídica en la que apoyar la denegación que se hace de su participación en la investidura". Mònica Fernández remarca que "son una serie de resoluciones que van encaminadas todas a conseguir lo que han intentado conseguir ahora con la suspensión de los diputados en el ejercicio de sus derechos y deberes".
Las expectativas que el Supremo admita a trámite la querella son bajas. Pero Querellantes por la república tiene previsto llegar hasta Europa si les rechazan la querella y todos los recursos que puedan presentar.