Isabel Díaz Ayuso aprovecha cualquiera mínima ocasión para cargar contra el Gobierno. Ha sido la investigación a su pareja por presunto fraude fiscal, que en los últimos meses ha acentuado la tensión entre la Moncloa y la Puerta del Sol, que hoy ha ofrecido un nuevo episodio de confrontación. Alberto González Amador ha acudido esta mañana como investigado a los Juzgados de Plaza Castilla (es la segunda vez que iba después de cuatro suspensiones de su declaración) y se ha negado a contestar a las preguntas del juez a la espera que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso contra la ampliación de su investigación. A la salida, cuando abandonaba las dependencias judiciales, Alberto González Amador ha sido preguntado por los periodistas que le esperaban en la calle por su declaración, que le han seguido unos metros hasta que ha entrado en el taxi (algo muy habitual en las declaraciones judiciales). Y, durante ese corto recorrido, un cámara lo ha golpeado a la frente sin querer.
El golpe ha sido involuntario, como acreditan las imágenes de La Sexta, que muestran que un cámara que caminaba hacia atrás ha chocado contra una farola y, a causa de esto, ha golpeado a la pareja de Ayuso, que estaba justo delante de él. A pesar de estas evidencias, la presidenta madrileña ha arremetido contra la delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, encabezada por Fran Martín, que también es secretario de Política Institucional del PSOE de Madrid. “No se ha golpeado, le ha agredido un cámara porque no se ha puesto un dispositivo mínimo de seguridad y respeto porque parece que todo vale en torno a mí”, ha verbalizado Ayuso al ser preguntada por esta cuestión. “Quiero culpar a la delegación del Gobierno, que no ha sido capaz de poner un mínimo dispositivo sabiendo que este es un juicio político y que iba a tener tantas cámaras. Que un ciudadano entre a pie y tenga que salir con la frente como ha salido después de ser golpeado es inasumible”, ha añadido. “¿Qué pasaría si fuera mujer, marido o asesor de cualquier ministro? ¿Por qué tenemos que pasar por esto todos los demás?”, se ha preguntado.
Sobre la negativa de su pareja a declarar, ha defendido que se ha acogido a su derecho por “recomendación de sus abogados” a pesar de que es el “más interesado en que el proceso termine”. “No se trata de que no haya querido declarar, se trata de que no puede. El engrudo en el que la han metido hace imposible que pueda defenderse”, ha justificado la presidenta madrileña, que cree que “al único que beneficia que esto se prolongue y se prolongue es a Pedro Sánchez, que necesita tapar todos los casos de corrupción”. Además, ha cargado con dureza contra la causa judicial: “Es un caso de persecución política que está organizado desde la Moncloa con las instituciones del Estado. Están metidos el PSOE [que es acusación popular, igual que el PP lo es en el caso Koldo], el fiscal general del estado, el fiscal y la abogacía del Estado”, ha sostenido. “Me ha gustado verle entrar por la puerta y no por el garaje como hacen los presuntos delincuentes y los familiares de según qué político”, ha añadido en referencia a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez.
Alberto González Amador se acoge al derecho a no declarar a la espera de que se resuelva el recurso contra la ampliación de la investigación
Ha sido esta mañana cuando la pareja de Isabel Díaz Ayuso se ha acogido a su derecho a no declarar ante la jueza que le investiga por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental. Alberto González Amador está pendiente de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva un recurso contra la apertura de una pieza separada solicitada por la Fiscalía y las acusaciones populares para investigar presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Sus abogados entienden que sin la resolución de este recurso se desconoce cuál es el objeto de su investigación y, por lo tanto, existe una vulneración de derechos del investigado. Han pedido aplazar la declaración, la jueza se ha negado a ello y entonces han recomendado a su cliente no declarar. En la causa separada, la magistrada indaga el presunto uso de una sociedad pantalla para facturar unos negocios con Quirón Prevención y el supuesto pago de casi medio millón de euros a la esposa del presidente de esta empresa.