Un superviviente, por ahora. Álvaro García Ortiz (Lumbrales, 1967) fue nombrando fiscal general del Estado el 1 de agosto de 2022 por el gobierno de Pedro Sánchez, y desde entonces ha vivido un campo de minas. El nuevo frente del fiscal general del Estado se esperaba desde el verano y ha llegado este miércoles: El Tribunal Supremo ha aceptado investigarlos por revelación de secretos, denunciado por la pareja de Ayuso. Es la primera imputación de un fiscal general en democracia en el Estado español, y, en un comunicado, Álvaro García Ortíz ya ha anunciado que no dimite, y que convoca para este jueves la Junta de Fiscales de Sala y el Consejo Fiscal para explicar su posicionamiento.
Hasta ahora la conservadora Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, y también de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), han denunciado y perseguido García Ortiz por obedecer en exceso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de hacer nombramientos polémicos, como el de su antecesora y amiga, Dolores Delgado, como fiscal de sala de Memoria Democrática.
El frente de la amnistía
Se ha acusado a García Ortiz de obedecer demasiado al PSOE y, sobre todo, por pedir silencio cuando la ley de amnistía del procés se negociaba entre el Gobierno de Sánchez y los partidos independentistas. El fiscal general del Estado ha salido ganando de la primera batalla, a pesar de que ajustada, y la Fiscalía está pidiendo a los tribunales que amnistíen todos los delitos del 1-O, incluida la malversación que afecta al president en el exilio, Carles Puigdemont, y al expresidente de ERC, Oriol Junqueras, aparte de otros excargos de su gobierno. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha rechazado amnistiar a los líderes políticos.
El cargo de García Ortiz peligra ahora por haber asumido que ordenó que se difundiera un comunicado a los medios de comunicación para aclarar que la Fiscalía no había retirado la oferta de un acuerdo por unos delitos fiscales a la pareja de Isabel Ayuso, la presidenta popular de la Comunidad de Madrid. Fuentes próximas al fiscal del Estado, sin embargo, aclararon que no dimitiría si finalmente es imputado. Aguantará hasta que haga servicio al gobierno del PSOE, como todos estos cargos ligados al Gobierno de turno. En volver de las vacaciones de verano, el Tribunal Supremo, finalmente, ha aceptado su imputación para aclarar si es autor de un delito de revelación de secretos. Precisamente, este septiembre se ha difundido que Alberto González Amador ha vuelto a acordar un pacto con Hacienda por no ir a la prisión.
El motivo de la querella
La causa surge en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que admitió a trámite la querella de Alberto González Amador contra dos cargos de la Fiscalía de Madrid por haber difundido datos confidenciales, aunque desde la Fiscalía, se indica que ya se habían difundido por la prensa española. Se difundieron los mensajes que García Ortiz envió a los cargos de la Fiscalía, y comunicó al juez del TSJM que es el responsable de todo, y que enviara la causa al Tribunal Supremo porque es el único que lo puede investigar por su aforo; así lo hizo.
Menospreciado por no ser de Madrid
En agrio debate sobre la ley de amnistía, se demostró que la división actual en la Fiscalía no va de bandos tradicionales, entre los llamados progresistas y conservadores, sino de familias, y los más veteranos, como los fiscales del Supremo del 1-O han menospreciado a su superior jerárquico no por su pensamiento jurídico sino porque no es de Madrid, según fuentes jurídicas.
García Ortiz ingresó en la carrera fiscal en 1998, y pasa a fiscal coordinadora en Menorca, hasta el 2002, año qué se marchó a Santiago de Compostela y fue nombrado fiscal especial coordinador de incendios en Galicia, donde fue nombrado fiscal delegado de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del territorio hasta el 2021, año en que fue promovido a fiscal de sala y nombrado fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, dirigida por su amiga Dolores Delgado, de la cual se critica que volvió a la carrera fiscal después de ser ministra de Justicia del 2018 en el 2020, y dejó la dirección de la Fiscalía del Estado a su García Ortiz por problemas de salud. Delgado, volvió como fiscal de sala de Memoria Democrático el junio de 2023.
Los nombramientos denunciados
Aparte del frente de Ayuso, el fiscal general del Estado tiene otro frente abierto y es la denuncia de la Asociación Profesional e Independiente de Ficales (APIF) que presentó un recurso al Supremo contra su nombramiento como máximo responsable de la Fiscalía del Estado. García Ortiz ha recusado a cuatro de los cinco magistrados de la sala del contencioso-administrativo del Tribunal Supremo porque firmaron la sentencia que anula el nombramiento de Delgado, pero no ha sido aceptado que se aparten, al considerar que lo planteó fuera de plazo. La asociación alega "la falta de idoneidad" del candidato y lo argumenta porque se anuló el nombramiento de Delgado, validada para él.
El mayo pasado, el Supremo anuló el nombramiento de Delgado, del cual indica que el Consejo Fiscals tendrá que resolver ahora si concurre o no la prohibición del artículo 58 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que fija que no podrá asumir el cargo si su cónyuge ocupa un cargo en la fiscalía en "la misma circunscripción territorial". Se refiere a su marido, Baltasar Garzón, porque trabaja en un despacho de abogados y en el ámbito de la Memoria Democrática, y en su nombramiento, el fiscal general no quiso debatir esta incompatibilidad al considerar que no existía.
La magistrada Pilar Teso se desmarcó del criterio de sus compañeros del Supremo e hizo un voto particular, en el cual considera que no se tendría que haber admitido el recurso porque Garzón no es fiscal y añade que "son incompatibilidades, no prohibiciones" y que La Fundación Internacional de Garzón "supera" con escrito el ámbito nacional de la fiscalía de Memoria.