Juan Carlos Peinado té fama de ser un juez hermético y distante con los medios de comunicación, pero su figura se ha convertido en mediática a lo largo de los años, y ahora todavía más, por ser el titular del Juzgado de Primera Instancia número 41, que ha abierto diligencias contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ni la amnistía, ni Puigdemont, ni el caso Koldo…; la kriptonita de Sánchez, que puede hacer caer a todo un presidente del gobierno, es Begoña Gómez, y la denuncia que ha descubierto el punto más débil de Sánchez, considerado un auténtico superviviente político, ha sido el sindicato ultra Manos Limpias, que presentó la querella que ha sido aceptada por el magistrado Juan Carlos Peinado. El titular del Juzgado 41 de Plaza Castilla admitió a trámite la querella de acuerdo con el escrito que presentó el sindicato ultra, un documento de siete pátinas que no incluye ninguna prueba y que solo recopila una serie de titulares de los medios digitales EsDiario y El Confidencial, que han publicado informaciones sobre las reuniones de la mujer del presidente con directivos de empresas, que obtuvieron contratos públicos como Globalia, o se beneficiaron de un rescate por parte del Gobierno, como fue el caso de Air Europa.
Juan CarlosPeinado, según explican desde las esferas judiciales, es un veterano juez instructor que consiguió permiso para continuar en su cargo hasta los 72 años, el límite legal para los magistrados. Tiene fama de ser ambicioso, de tener aspiraciones de escalar en la jerarquía judicial y de buscar proyección y notoriedad mediática. En 2019 se presentó para ocupar la plaza de refuerzo de Manuel García-Castellón en el juzgado central 6 de la Audiencia Nacional, pero esta acabó siendo ocupada por Alejandro Abascal.
El caso contra los periodistas por revelación de secretos en el caso CDR
Peinado admitió a trámite la denuncia de Manos Limpias que se registró del 9 de abril en solo cinco días hábiles y sin consultar la Fiscalía, lo que se ha considerado del todo inusual. La instrucción se puede alargar durante meses, y el magistrado ha declarado las diligencias secretas, para intentar evitar la injerencia de los medios y que se puedan publicar las investigaciones judiciales. Peinado ya tiene experiencia con el enfrentamiento con periodistas: en 2019 imputó, y posteriormente desimputó, a una docena de profesionales de ocho medios de comunicación (El Mundo, El País, ABC, El Confidencial, La Vanguardia, El Español, la Cadena Ser y RTVE) por publicar informaciones sobre el sumario de los miembros de los Comitès de Defensa de la República (CDR) detenidos y encarcelados por terrorismo por orden de la Audiencia Nacional. En aquel momento, el sumario que instruye al juez Manuel García-Castellón se encontraba bajo secreto, pero la investigación no tuvo recorrido.
Pero el juez Peinado tiene muchos otros casos rodeados de polémica, aparte de la causa que abrió contra los periodistas por supuesta revelación de secretos en el caso de los CDR. Y la querella admitida para investigar las actuaciones de Begoña Gómez no es la primera causa abierta por querellas presentadas por el sindicato ultra Manos Limpias. En 2015 fue el juez que llevó la causa contra los concejales madrileños Pablo Soto (Ahora Madrid) y Guillermo Zapata (Podemos) por unos tuits ofensivos contra otros políticos, como el exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, por una denuncia de Manos Limpias en la que alegaba que los concejales habían cometido posibles delitos de provocación a la discriminación y al odio por motivos racistas, xenófobos y antisemitas.
Otras causas mediáticas
El juez Peinado también es conocido por haber llevado otros casos mediáticos, como el que llevó contra el exfutbolista del Real Madrid Raúl González Blanco, que fue acusado de haber vaciado una de las empresas para evitar pagar una deuda de más de 7 millones de euros que le requería otra sociedad. Peinado tenía la intención de cerrar el caso, pero la Audiencia Provincial lo obligó a continuar, e incluso, el alto tribunal reprendió al magistrado recriminándole que no le correspondía pronunciarse sobre hechos delictivos.
Peinado, en 2019, también perdió la causa que investigaba el supuesto desvío de fondo de altos cargos del régimen de Venezuela en el Estado español mediante la petrolera PDVSA. El juez llevaba el asunto con mucho secretismo, hasta que la jueza de la Audiencia española, María Tardón le reclamó la instrucción.
Peinado también fue el juez del caso de las grabaciones de los directivos de El Corte Inglés, Florencio Lasaga y Carlos Martínez Echavarría en que se revelaron presuntas irregularidades en la sucesión de Isidoro Álvarez. En este último caso, el juez archivó el procedimiento, pero ahora está recurrido delante el Tribunal Constitucional.
En 2022, Peinado también admitió a trámite una querella de Vox por un presunto delito contra el honor de la editorial Santillana por vincular este partido con el nazismo. La querella presentada a principios de junio de aquel año iba en contra Santillana Educación Global y dos directoras del grupo editorial para encuadrar este partido como una de las fuerzas políticas europeas "herederas del nazismo" en un libro de texto de Historia de Primero de Bachillerato. El juez hace dos años que investiga este caso, ha hecho las diligencias, pero todavía no ha tomado ninguna decisión y la investigación continúa abierta.