El nombre del juez Manuel García-Castellón ha protagonizado muchos titulares en las últimas horas, ya que en plenas negociaciones por la amnistía para los encausados por la judicialización del Procés, investiga a Carles Puigdemont y Marta Rovira, entre otros, por terrorismo en el caso Tsunami Democràtic. El hecho de que se hayan superpuesto las negociaciones con la reactivación del caso de Tsunami Democràtic de la mano de García-Castellón no pasa desapercibido por nadie, pero tampoco sería la intención del mismo juez que posicionó públicamente contra la amnistía. "La amnistía no está prohibida en la Constitución, pero en la Constitución tampoco pone que esté prohibida la esclavitud", afirmó, aunque matizó que eran palabras que decía "como ciudadano", no como juez.
🔴Negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, DIRECTO | Última hora y reacciones a los acuerdos
La trayectoria de García-Castellón está marcada por sus posicionamientos políticos desde sus inicios. Según recoge el BOE, el juez empezó su carrera el año 1982. En sus inicios empezó como titular del juzgado de instrucción número 2 de Valladolid. Según informa Públic, el hermano del juez, militante del Opus Dei y presidente de PROVIDA, denunció la clínica Ginemédica, una de las primeras clínicas en practicar abortos en la zona. Alegaba que esta clínica ponía en peligro la intimidad de las mujeres. Al fin y al cabo cayó en manos de García-Castellón, quien ordenó su registro y abrió un juicio oral contra el personal médico de la clínica.
Una carrera conservadora
Como se dejaba entrever en este caso de sus inicios, sus postulados conservadores han rezumado a través de toda su carrera judicial. Por ejemplo, cuando llegó a la Audiencia Nacional (AN), estuvo a cargo de las investigaciones de desapariciones de ciudadanos españoles durante la dictadura militar chilena. En este contexto, se negó a instruir un caso contra el dictador Augusto Pinochet. En cambio, sí que asumió otras instrucciones como la del asesinato de Miguel Ángel Blanco o el atentado contra José María Aznar. Con respecto a este último caso, su instrucción fue muy polémica, ya que la fiscalía intentó responsabilizar al Ministerio del Interior, en el momento del atentado, en manos del Ejecutivo de Felipe González.
Al margen de la polémica, allí se inició una buena relación con el Partido Popular. Tanto es así que el año 2000, el gobierno de José María Aznar lo nombró como magistrado de enlace en París. A su vuelta al Estado español, García-Castellón se hizo cargo de varias causas de corrupción del PP como Lezo o Púnica, las dos relacionadas con la caja B del partido. Archivó casos notorios relacionados con la corrupción en el Partido Popular, como por ejemplo la de María Dolores de Cospedal en el caso Kitchen.
No solo han coincidido los intereses del PP con las decisiones del juez en el ámbito de la corrupción, sino que García-Castellón ha abierto otras causas contra Unidas Podemos o el movimiento independentista. Por ejemplo, ha enviado a varios miembros de los CDR a juicio por terrorismo. Además, se negó a investigar la Operación Catalunya. Con esta carrera en la espalda, la decisión de reactivar el caso de Tsunami Democràtic, cuando hacía meses que estaba estancado, justo cuando se negocia la amnistía, no pasa desapercibida.