Hace cinco días que la ley de amnistía está en vigor. Desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, se están sucediendo en cadena los pronunciamientos de jueces y fiscales, que abocan la norma que tiene que acabar con la represión contra el independentismo a la fase decisiva. Ha entrado en la etapa de aplicación. Sin embargo, conseguir que el texto aprobado en las Cortes Generales tenga los efectos prácticos pactados entre el PSOE y el independentismo no es una tarea fácil. En medio, se interponen maniobras de todo tipo, que, como se ha comprobado esta semana, pueden poner palos en las ruedas en la aplicación efectiva de la amnistía. Centrando el foco en Madrid, hay cinco puntos de interés en causas amnistiables: tres en el Tribunal Supremo y dos en la Audiencia Nacional. Y los jueces que están al frente plantarán batalla. Vamos por partes.
Pablo Llarena: con la lupa en la malversación, puede dificultar el retorno de Puigdemont
La malversación, convertida en un escollo imprevisto, ha monopolizado el interés informativo de los primeros movimientos en los tribunales. Los primeros a cargar contra la posibilidad de amnistiar la malversación del 1-O fueron los fiscales del procés, que la misma mañana que el independentismo celebraba la aprobación definitiva de la ley, alzaron la voz para advertir al fiscal general del Estado que ellos no serían partidarios de pedir la amnistía por la malversación atribuida a Puigdemont, Junqueras y el resto de exconsellers. Primera piedra en el zapato. Y aquel posicionamiento, que han mantenido firmemente, fue la mecha que ha hecho estallar la guerra en la Fiscalía.
Días más tarde, una vez la norma llegó al BOE, el juez Pablo Llarena, que tiene sobre la mesa las órdenes de detención de Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira, empezaba a apuntar en esta dirección y preguntaba explícitamente a las partes si los hechos que está investigando pueden “considerarse excluidos del ámbito de aplicación de la ley” por haber afectado a los intereses financieros de la Unión Europea, una de las exclusiones contempladas en el texto. Es la misma dirección en la que señalaban a los fiscales del Supremo, que argumentaban que la amnistía “afecta a los intereses financieros de la UE en el marco general de la lucha contra la corrupción”. En esta causa, las defensas y las partes, entre las que está Vox como acusación popular, tienen hasta el miércoles 19 de junio para pronunciarse.
Álvaro García Ortiz contra Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno: guerra en la Fiscalía
Volvemos a la malversación. Y es que, sin duda, los grandes protagonistas de la semana han sido los fiscales del Tribunal Supremo, que han hecho estallar un conflicto abierto con el fiscal general del Estado. Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno sostienen que la malversación del 1-O no entra en el perímetro de la amnistía arguyendo que el Govern destinó dinero público a “la elaboración, desarrollo y concreción de su proyecto ilegal e inconstitucional de desintegración de España”, cosa que produjo a los miembros del ejecutivo de Junts pel Sí un “indudable beneficio patrimonial”. Ahora bien, Álvaro García Ortiz les enmendó la plana y les ordenó que defendieran que la amnistía se tiene que aplicar a todos los delitos. Considera que los fiscales del Supremo hacen una interpretación que “contradice la voluntad del legislador y el tenor literal de los artículos” y presentan unos argumentos “insuficientes para poner en duda la posibilidad de entender amnistiados los delitos de malversación”.
📝 El repaso jurídico del fiscal del Estado a los fiscales del Supremo: tergiversan el 1-O y hacen política
Los fiscales le plantaron cara, catalogaron su orden de “improcedente y contraria a las leyes” y replicaron que su justificación para imponerles que se posicionen favorablemente a una “aplicación incondicional de la amnistía” son “manifiestamente insuficientes para legitimar la viabilidad y el ajuste a la legalidad del orden impartida”. Por este motivo, invocaron la aplicación del artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal, que conduce a una reunión de la Junta de Fiscales de Sala que se celebrará el próximo martes. El fiscal general siempre tendrá la última palabra, aunque los argumentos de los fiscales del Supremo pueden dar alas a Vox, que ejerce la acusación popular.
Manuel Marchena: con la inhabilitación de Junqueras y Turull sobre la mesa
En una situación parecida se encuentran los cuatro condenados por malversación en el juicio del procés. Quien preside la Sala de lo Penal es Manuel Marchena, que tiene en las manos el futuro de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Los cuatro están inhabilitados a causa de la sentencia por malversación. Marchena dio tiempo hasta el 19 de junio para que las partes se pronuncien.
Los cuatro también fueron condenados por sedición, igual que Josep Rull, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Ahora bien, como ellos cinco fueron condenados solo por sedición, la derogación del delito a finales de diciembre del 2022 llevó al Tribunal Supremo a extinguir su inhabilitación. Eso ha permitido, por ejemplo, que Josep Rull fuera a las listas de Junts el 12-M y ahora se haya convertido en el presidente del Parlament. En estos cinco casos, la amnistía les servirá para “borrar los antecedentes penales”. Rull ya ha anunciado que lo hará, mientras Sánchez apuesta por esperar directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También podrán recurrir a la amnistía los tres exconsellers condenados por desobediencia: Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila.
Susana Polo: la jueza que investiga Puigdemont y Wagensberg en el Supremo por el Tsunami Democràtic
El último foco del Tribunal Supremo está en la causa del Tsunami Democràtic. Bien, en una parte. Y es que la investigación a Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg, como son aforados en tanto que diputados en el Parlament (hasta hace poco Puigdemont lo era en la Eurocámara), se trasladó al Tribunal Supremo hace unos meses. La jueza que está instruyendo el caso es Susana Polo. En su auto para activar la amnistía no hacía ninguna valoración o consideración que permitiera anticipar cuál será su plan de actuación. El plazo que fijó fue de diez días hábiles, que, sumados al día de gracia, concluyen el miércoles 26 de junio.
Ahora bien, Polo sí que ha hecho un movimiento recientemente. Hace dos meses, citó a Puigdemont y Wagensberg para que prestaran declaración voluntaria por videoconferencia entre los días 17 a 21 de junio, pero finalmente ha optado por priorizar la amnistía y ha suspendido los dos interrogatorios.
Manuel García-Castellón: el origen del terrorismo en el Tsunami y diez investigados en la Audiencia Nacional
Susana Polo cogió al testigo del juez Manuel García-Castellón, que se ha convertido en la esperanza de la derecha y fue erigido en mártir por el PP cuando decidió investigar el Tsunami Democràtic por terrorismo. De hecho, sus maniobras de intencionalidad política evidente condujeron al PSOE, Junts y ERC a tener que esforzarse para rubricar el redactado de la amnistía con el objetivo que al magistrado de la Audiencia Nacional no la pudiera esquivar. El desenlace ya es conocido: incluir en el redactado que la excepción del terrorismo solo se aplica en los casos que “que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, en particular las reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”, referentes a la vida y la prohibición de la tortura.
A pesar de eso, García-Castellón sigue teniendo la sartén por el mango. No es casualidad que en una providencia de finales de enero, el juez apuntara que las protestas del Tsunami Democràtic ocasionaron un “resultado grave” que es “incompatible con el derecho a la vida y la integridad física” y citara, explícitamente, el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En total, incluyendo a Puigdemont y Wagensberg, hay doce personas acusadas de haber impulsado, promovido y posibilitado las protestas del Tsunami Democràtic. Y él está investigando las otras diez en la Audiencia Nacional. La providencia de García-Castellón activando la amnistía también era muy escéptica y no hacía ninguna valoración susceptible de ser interpretada. La mayoría de los investigados dieron el paso de pedir la amnistía el mismo martes, aunque el magistrado dio tiempo hasta el 26 de junio para que tanto las defensas como el resto de partes se pronunciaran. Los investigados que ya lo han reclamado son Marta Rovira (secretaria general de ERC), Xavier Vendrell (exsecretario de organización de ERC), Marta Molina (dirigente de ERC), Oleguer Serra (dirigente de Òmnium Cultural), el periodista Jesús Rodríguez, los empresarios Josep Capmajó y Oriol Soler. Los que todavía no han dado el paso son Josep Lluís Alay (jefe de la Oficina de Carles Puigdemont) y Nicola Flavio (banquero) y Jaume Cabaní (considerado el tesorero del Tsunami), que no están personados a la causa. Siete de ellos se exiliaron hace meses para protegerse de la investigación por terrorismo.
Por cierto, en los dos casos vinculados al Tsunami Democràtic, hay más actores personados. De entrada, dos agentes de la policía española que resultaron heridos en los disturbios de plaza Urquinaona son acusación particular. Mientras que Vox, la Asociación Dignidad y Justicia y Sociedad Civil Catalana son acusaciones populares. Los cuatro intentarán torpedear que la amnistía sea aplicada en todas sus dimensiones. De momento, todavía no se han pronunciado oficialmente sobre cuál será su posicionamiento y qué respuesta darán al juez.
Manuel García-Castellón: una vista de previo pronunciamiento para los CDR de la Operación Judas
El último frente abierto por la amnistía en Madrid nos lleva también a la Audiencia Nacional, en un caso que ha seguido un proceso diferente. Se trata de los doce CDR de la Operación Judas, en una investigación que también ha ido a cargo de Manuel García-Castellón. En este caso, el magistrado decidió reactivar la causa tres horas después de que el Congreso aprobara definitivamente la norma: convocó para el jueves 27 de junio la vista de previo pronunciamiento, donde corresponde presentar las alegaciones antes de llegar a juicio. Y, justamente, los artículos 666 y 675 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dicen que si antes de un juicio hay una amnistía, hay que dictar el “sobreseimiento libre” de la causa, es decir, el fin del proceso penal sin posibilidad de reabrirlo. Es lo que pedirán las defensas dentro de dos semanas.
En esta causa hay tres acusaciones populares: Vox, la Asociación Dignidad y Justicia y Fuster-Fabra Abogados, en nombre de la Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes (ACVOT) y de la Asociación Víctimas del Terrorismo. El ACVOT pide penas de entre 8 y 33 años de prisión y la Fiscalía, que comparte la tesis del terrorismo, entre 8 y 27 años de prisión para los 12 vecinos. El Ministerio Público considera que los investigados “habrían conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable con el objetivo de llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias”. Será clave ver si la Fiscalía es partidaria de aplicar la amnistía en este caso.