María Isabel Perelló Doménech es la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Nacida en Sabadell en 1958, está asociada a Juezas y Jueces para la Democracia, es magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desde 2009 y ahora será la primera mujer a ostentar el cargo desde que el órgano judicial se creó en 1812. En una trayectoria poco mediática, hay tres hechos que se pueden poner encima de la mesa: el pasado verano rechazó la petición del PSOE de revisar los votos nulos del 23-J, en 2014 acusó a Carlos Lesmes de usar lenguaje sexista y fue ponente de la sentencia que confirmó la sanción de 48 millones de euros a Renault, Peugeot y Citroën. Además, es cercana a la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, con quien coincidió en el Supremo. La elección de Perelló, por dieciséis votos a favor, ha llegado gracias al entendimiento entre el bloque progresista y conservador después de un mes de conversaciones infructuosas y a dos días de la Apertura del Año Judicial. Este nombramiento permite al Poder Judicial acabar finalmente con una situación de interinidad que se arrastraba desde diciembre de 2018.

📝 La catalana y progresista Isabel Perelló se convierte en la primera mujer a presidir el CGPJ

 

Isabel Perelló ingresó en la Carrera Judicial en 1985 y ha ocupado destinos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Maó, en la Audiencia Provincial de Barcelona y en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Como magistrada especialista de lo contencioso-administrativo, actualmente era jueza en la Sala Tercera del Supremo (la encargada de estos asuntos) y previamente había servido en las salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (en 1991) y en la de la Audiencia Nacional (en 1994). Entre 1993 y 2003, fue letrada en el Tribunal Constitucional y en 2022 fue propuesta por el bloque progresista como vocal del Tribunal Constitucional, pero finalmente no fue elegida.

Rechazó la petición del PSOE de revisar los votos nulos del 23-J

El año pasado, Isabel Perelló fue la ponente del auto en el que el Tribunal Supremo rechazó la petición del PSOE de revisar los votos nulos de las elecciones generales del 23 de julio en la provincia de Madrid. Consideró que la “mera diferencia numérica en los resultados” que se aducía (1.200 votos) no era “base suficiente” para la revisión de unos 30.000 votos nulos ante la “falta de acreditación de la razonable probabilidad de incidencia en el resultado final del escrutinio realizado con todas las garantías”. Además, esgrimió que el PSOE no aportó “elementos lógicos, datos aritméticos o cálculos estadísticos solventes” que permitieran “verificar, tan siquiera hipotéticamente, la relevancia de la revisión del voto en el resultado final y en la atribución del escaño controvertido”, el último en juego en Madrid.

“Se trata de una mera opción que no responde al principio de seguridad jurídica y de conservación de los actos que recoge la Ley Orgánica del Régimen Electoral General”, arguyó Perelló. “Por muy amplio que sea el criterio interpretativo y se procure la máxima efectividad del derecho de sufragio, no puede aceptarse que en el concreto caso analizado el mero ajuste del resultado exija la fiscalización o comprobación de la actuación de cada Mesa en el cometido de sus funciones, no basada en una irregularidad, o vicio en el proceso electoral que pueda implicar la falta de correlación entre la voluntad del cuerpo electoral y el resultado final”, concluyó.

Acusó a Carlos Lesmes de usar lenguaje sexista

Otro capítulo destacado de su trayectoria en el Tribunal Supremo fue en 2014. Un mes después de que Carlos Lesmes fuera elegido presidente del CGPJ, tres juezas (Isabel Perelló, Margarita Robles y Celsa Picó) le enviaron una carta acusándole de utilizar lenguaje sexista cuando, en su misiva de bienvenida, se dirigió a sus “queridos compañeros”. La respuesta de las tres magistradas fue reprocharle que, “a la vista del lenguaje utilizado”, o bien “solo se dirige a los hombres magistrados, con exclusión de las mujeres” o bien “no tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”, que establece la “implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas”.

Por este motivo, Perelló, Robles y Picó reclamaron a Lesmes que en las próximas cartas “no se excluyera a las magistradas del Tribunal Supremo y de los demás órganos jurisdiccionales” y le pidieron que tuviera en cuenta lo establecido en la Ley de Igualdad y en el Informe sobre el lenguaje no sexista aprobado por el Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad del Parlamento Europeo.

Confirmó la sanción de 48 millones a Renault, Peugeot y Citroën

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, en la que Isabel Perlló estaba desde 2009, se encarga de los recursos que emanan de organismos reguladores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o el Banco de España, entre otros. También se ocupa de los asuntos relativos al Consejo de Transparencia, transportes, telecomunicaciones y subvenciones.

Como magistrada de esta sala, Perelló ha dictado sentencias en materias, como competencia, instalaciones de energías renovables, regulación eléctrica, contratos administrativos y seguridad social. Por ejemplo, en 2021, fue ponente de la sentencia que confirmó la sanción de 48 millones de euros impuesta en 2015 por la CNMC a Renault, Peugeot y Citroën por constituir un cártel de intercambio de información en las áreas de postventa y marketing de automóviles entre febrero de 2006 y julio de 2013.

Colaboradora de un libro sobre el Convenio Europeo de los Derechos Humanos

Isabel Perelló también es coautora de varias obras y ha colaborado en el libro La Europa de los Derechos: el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Se trata de un comentario sistemático, artículo por artículo, de la jurisprudencia emanada en medio siglo sobre el sistema del Convenio. En concreto, Isabel Perelló se encargó de dos capítulos, relativos al derecho a ser informado de la acusación y al derecho a ser indemnizado en supuestos de error judicial.

Además, ha participado en diversos cursos sobre materia constitucional, derecho administrativo comparado, telecomunicaciones y jurisprudencia constitucional en encuentros organizados por el Consejo General del Poder Judicial y por la Diputación de Barcelona sobre deporte, regulación, derecho sancionador o autonomía local.