El espionaje con el software Pegasus al independentismo catalán llega a la justicia europea. El president 131 de la Generalitat, Quim Torra (Junts), y el exvicepresient de la Mesa del Parlament Josep Costa han presentado la primera demanda contra el Estado español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por haberlos espiado con el software Pegasus por parte del CNI, según han anunciado los dos en una rueda de prensa, este jueves en el Colegio de Periodistas de Catalunya. Torra y Costa han dado este paso después de que el Tribunal Constitucional inadmitió, el octubre pasado, su recurso de amparo contra la respuesta de la Audiencia Nacional, ratificada por el Tribunal Supremo, que no fueron espiados ilegalmente.
"Fui espiado como president de la Generalitat en ejercicio. También me espiaron en la época de la pandemia y es muy grave, incluso inmoral", ha denunciado Torra, que ha asegurado que este espionaje es un ataque al conjunto de la sociedad y al Estado de derecho.
Infecciones a medida
El president Torra recibió ocho infecciones de sms entre abril y junio del 2020, según ha detallado este jueves Elies Campo, que es uno de los autores de Catalan Gate, del grupo Citizen Lab, que el 2022 destapó que 65 personas del mi independentista habían sido espiadas con los software Pegasus y Candiru.
En el caso de Costa, fue espiado el 2019, también cuando tenía un cargo público. "Es el caso más grande de espionaje en un supuesto estado democrático y no por el que hemos hecho, sino por el que somos", ha manifestado Costa. El president Torra lo ha dicho claro: "Somos un Grupo Objetivamente Identificable de Personas." Concepto expresado por el Tribunal de Justicia de la UE para definir grupos de personas que son perseguibles, y usado en el caso del exconseller Lluís Puig, que el independentismo catalán hace suyo.
Las infecciones a los móviles que han sufrido cargos de ERC, de Junts, y el ANC -ratificadas por los Mossos- confirman que fueron hechos a medida, tanto en el ámbito personal como político. En este sentido, Costa ha explicado que sufrió una infección en su móvil el 1 de julio del 2019, al clicar una noticia sobre la sentencia del TJUE al presidente Puigdemont, cuando justo estaba en Bruselas con él y los europarlamentarios, Toni Comín y Clara Ponsatí para decidir si tenían que ir a la Eurocámara.
Cuatro vulneraciones
Josep Costa ha explicado que en la demanda al TEDH han planteado cuatro vulneraciones de derechos fundamentales y políticos. El primero es el derecho a una tutela judicial efectiva, puesto que ningún tribunal ha querido atender su demanda, incluso Costa ha detallado que el juez de control del CNI, Pablo Ruz, presidió el tribunal en su primera demanda y "sin decir nada desapareció" porque sabía de su incompatibilidad. La segunda es la vulneración de derechos fundamentales porque con el software Pegasus se infectó sus móviles cuando eran cargos públicos, pero también afectando su vida privada.
La tercera es la vulneración de derechos fundamentales en abstracto, "puesto que el tribunal de Estrasburgo considera víctima a toda persona que sufre una legislación no respetuosa con los derechos humanos, y tiene derecho a saber", ha explicado Costa de recientes resoluciones del tribunal contra Rusia y Polonia en este sentido. Y finalmente, la vulneración de sus derechos políticos y de representación de la ciudadanía.
Cambiar la ley del CNI
El exvicepresident de la Mesa del Parlament ha explicado que en su caso y el de Quim Torra escogieron ir por la vía del contencioso–administrativo y no la penal -donde están la mayoría de causas- para tener un procedimiento más ágil y para exigir al gobierno español que detallara la información y documentación obtenida, un extremo que no se puede hacer por la vía penal.
¿Y qué esperan del TEDH?
Josep Costa ha expuesto que el tribunal de Estrasburgo puede tardar un año en responder si acepta su demanda y después pedir explicaciones al Estado español.
Finalmente, si se consigue una condena, pueden ser indemnizados económicamente y, también, que el tribunal europeo declare ilegal la normativa y la ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia y los secretos de Estado y que se tenga que rehacer. En este sentido, Costa ha recordado que cuando estalló este escándalo del CatalanGate el 2022 se aseguró desde el gobierno de Pedro Sánchez que se modificaría la ley del CNI para que garanticen los derechos, "pero nada se ha hecho", ha concluido.
Josep Costa y Quim Torra muestran la demanda presentada al TEDH, este jueves / Foto: Montse Giralt