El expresident de la Generalitat Quim Torra y el exvicepresidente de la Mesa del Parlament Josep Costa han presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) por el espionaje político que aseguran haber sufrido con Pegasus, según han informado este viernes. Sostienen que dan este paso obligados porque es un requisito imprescindible por denunciar España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en Estrasburgo. Torra y Costa reclaman al tribunal de garantías que "se declare la ilegalidad del espionaje, saber qué información y documentación se obtuvo por parte del Estado español y que sea completamente destruida". Además, advierten que "la legislación española y las directrices de inteligencia todavía vigentes son contrarias a la jurisprudencia europea y que el programa Pegasus es incompatible con el estado de derecho y las garantías democráticas más básicas".
El Tribunal Supremo (TS) sostuvo, este agosto, que el CNI no espió a Torra ni a Costa con el software israelí Pegasus. En concreto, la sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo afirmó que la Audiencia Nacional ha aportado "datos objetivos, no meros indicios" que evidencian que el CNI no los espió con Pegasus, a pesar de que la investigación Catalangate, cifró en al menos 65 les personas afectadas por las infecciones.
Recelan de la amnistía
En un comunicado, el presidente Torra y el exvicepresidente Costa expresan la “su preocupación por el hecho que una posible amnistía a los responsables de este escándalo de espionaje pudiera hacer descarrilar su demanda contra España”. Se detalla que este miércoles se presentó en el Tribunal Constitucional el recurso de Torra y de Costa “contra Pedro Sánchez y el Consejo de Ministros por el espionaje ilegal a que fueron sometidos a través de sus teléfonos móviles con el programa Pegasus".
Se asegura que el Tribunal Constitucional “se tendrá que pronunciar ahora sobre el escándalo por primera vez”. En su recurso de amparo, Quim Torra y Josep Costa “denuncian el Gobierno de España por la intervención, escucha, sustracción, recopilación, tratamiento, uso, difusión y almacenamiento de la información y sus comunicaciones de sus teléfonos móviles institucionales”. Así mismo, sostienen que “también han sido espiados indirectamente a través de los dispositivos de sus colaboradores, compañeros o aliados a las instituciones catalanas, que también fueron espiados, según ha admitido el CNI".
En concreto, el Gobierno en una comisión de secretos en el Congreso de los Diputados admitió que el CNI espió a unas 18 personas, entre ellas el actual presidente Pere Aragonès, y lo justificó por el embate catalán antes y después de la sentencia del procés, el 2019. Se precisa que la demanda se presenta contra el presidente y el Gobierno porque “todos los organismos, agencias y departamentos susceptibles de hacer estas funciones de espionaje forman parte o responden directamente ante el poder ejecutivo estatal”.
En cuanto a las querellas presentadas por miembros de ERC, la CUP, Òmnium y la CUP por haber sido espiado con Pegasus, los juzgados de Barcelona han decidido que el cuerpo policial escogido para analizar sus móviles sean los Mossos de Esquadra.