Minutos después de su toma de posesión, Quim Torra colgó del balcón del Palau de la Generalitat la pancarta con el lazo amarillo y el mensaje "Libertad presos políticos y exiliados". Era verano del año pasado. Era su primera acción como presidente. Diez meses después, la defensa de este símbolo ha situado al presidente en el hilo de la desobediencia. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, a quien Torra se encomendó públicamente hace unas horas, le ha emplazado este miércoles a hacer caso de la orden de la Junta Electoral Central y sacar los carteles reivindicativos mientras dure el periodo electoral, es decir desde ahora hasta el 26 de mayo.

El president de la Generalitat ha anunciado vía comunicado que, aunque sus resoluciones no son vinculantes, se seguirá la recomendación del síndic. Por lo tanto, que durante las próximas horas se procederá a descolgar la pancarta actual del Palau de la Generalitat. A pesar de ello, insiste en que el lazo amarillo no es un símbolo partidista y reafirma su compromiso con la libertad de expresión en el espacio público que "no debe ser neutral sino libre". También aclara que será cosa de cada consellería y de los responsables del resto de sedes de la Generalitat decidir qué hacer en el resto de edificios públicos. Ahora bien, la cosa no quedará así. Torra, apuntan desde su entorno más próximo, no claudicará ni se quedará de brazos cruzados.

Una respuesta imaginativa para no claudicar

¿Y eso qué significa? Pues que la fachada de Palau no quedará desnuda, sino que se exhibirá un símbolo alternativo. Una de las opciones es que se coloque una lona pintada de amarillo. Otras ideas son mostrar algún mensaje que haga referencia a la prohibición de la Junta Electoral, recrear alguna otra versión del lazo amarillo o iluminar el exterior del edificio con luz amarilla. En definitiva, lo que desde el ejecutivo se define como una respuesta imaginativa.

El síndic dice que advirtió a Torra el viernes

En una concurrida rueda de prensa celebrada 24 horas después de que la portavoz del Gobierno, Elsa Artadi asegurara que el ejecutivo seguiría sus instrucciones, el Síndic de Greuges ha revelado que el Departamento de Presidencia ya conocía desde el viernes pasado que el veredicto recomendaría sacar los lazos. Rafael Ribó ha explicado que la institución que él representa decidió actuar de oficio y elaboró un informe por iniciativa propia, como tantas veces ha hecho en relación a temas vinculados a la Junta Electoral. Según ha dicho, cuando comunicó la decisión al Gobierno, Torra contactó con él para pedirle que le aclarara claramente a qué periodo concreto afectaba la prohibición y a qué dependencias públicas incumbía. Ribó ha respondido este miércoles: a todos los edificios públicos de la Generalitat y desde la convocatoria de las elecciones hasta el día que se celebran. Por lo tanto, desde ya mismo y hasta el 26 de mayo.

Torra ha añadido a esta cronología que hace una semana, cuando desobedeció el primer ultimátim de la Junta Electoral, ya pidió opinión verbal al Síndic de Greuges. 

ERC dice que desconocía el informe del síndic

Fuentes de Esquerra Republicana aseguran a El Nacional que ni el presidente ni la consellera de Presidencia les informaron de la existencia del informe del síndic. 

La JEC responderá este jueves

La autoridad electoral se reunirá este jueves a las cinco de la tarde en el Congreso de los Diputados, donde tiene ubicada su sede. La JEC cuenta con el visto bueno del Gobierno para emprender las acciones que considere necesarias. En caso de que no se hayan sacado todavía las pancartas, podría ordenar al cuerpo de Mossos d'Esquadra que actuaran como policía judicial y procedieran a retirarlas. Aparte, podría abrir una vía penal contra el presidente de la Generalitat por desobediencia que podría acabar con la inhabilitación de Torra. El proceso, eso sí, duraría meses, como ya pasó con la alcaldesa de Berga.