Después de diez días de toma y daca, de amenazas, desafíos y fintas, las pancartas reivindicativas por la libertad de los presos y exiliados han desaparecido este viernes a las 12 y media de la fachada del Palau de la Generalitat. Ante el ultimátum de la Junta Electoral al Departament d'Interior, Quim Torra y la mayoría de los consellers han preferido blindar el cuerpo de Mossos d'Esquadra y quitar los símbolos por iniciativa propia, intención que ha adelantado El Nacional. En paralelo a la retirada, que se ha hecho efectiva después de que los Mossos han comunicado formalmente a Presidència la orden de la JEC, Torra ha anunciado que se querellará contra la autoridad electoral por prevaricación.
Quitan las pancartas del balcón de la Generalitat / Sergi Alcàzar
Como era de esperar, el cambio de color del lazo reivindicativo de amarillo a blanco no ha servido para burlar la orden de la JEC, avalada por el síndic de greuges, de "preservar la neutralidad de los edificios públicos durante el periodo electoral". El árbitro electoral impuso al Departament d'Interior un plazo que vencía a las tres del mediodía de este viernes, para que los Mossos procedieran a la retirada de los "símbolos partidistas". Fuentes de la conselleria explicaban a este diario que "todo el mundo tiene bien claro que en esta batalla de símbolos no se puede poner en un compromiso a los Mossos, porque es un conflicto estrictamente político y los agentes son funcionarios".
En la Conselleria d'Economia, en manos de ERC, han sido los más rápidos, los primeros en descolgar el nuevo lazo blanco alternativo que este jueves colocaron para sustituir el amarillo. En cambio, había dudas sobre si el president de la Generalitat acabaría cediendo, más después de que anoche afirmara con vehemencia, en un acto de Junts per Catalunya, que "defenderemos la libertad de expresión hasta las últimas consecuencias". Finalmente, sin embargo, Torra ha optado por acabar con una batalla que empezó con una denuncia de Ciudadanos.
La incomodidad en el seno del Govern con esta polémica es creciente y no entiende de colores políticos, inquieta tanto a miembros de Junts per Catalunya como de ERC. A pesar de haber acabado retirando lazos y pancartas, Torra no se ha escapado de las represalias. Sobre el president se cierne ahora la sombra de la inhabilitación, después de que el árbitro electoral, la JEC, le haya denunciado a fiscalía por desobediencia. Además, Torra tendrá que hacer frente a una sanción económica que se dará a conocer durante las próximas horas. Entre su equipo son varios los que dudan de que valiera la pena haberse expuesto a una persecución penal por una pancarta.