El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha considerado que ante el debate que se ha producido tras la sentencia de La Manada no debe ser "ciego, sordo y mudo", y ha insistido en que su obligación es "alertar" de las anomalías que pueden suceder en el funcionamiento de la Justicia para que el Poder Judicial actúe y después de que la mayoría de magistrados y fiscales haya pedido su dimisión.

Catalá se ha pronunciado así en declaraciones a El País después de que las siete asociaciones de jueces y fiscales pidieran ayer en bloque su dimisión por haber insinuado que el magistrado que emitió el voto particular, Ricardo Javier González, "tiene algún problema singular" que "todos" saben y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "debería haber actuado preventivamente" contra él.

"Es mi obligación pedir al Consejo que actúe porque yo no voy a participar en juegos de hipocresía y los datos sobre ese magistrado los tienen ellos; yo no tengo detalles pero sí sé lo que me han contado con mucha preocupación sus compañeros", recalca Catalá.

"¿Por qué no puedo participar en este debate que se ha producido tras la sentencia por la agresión a una joven cuando yo formo parte de este sector? Yo no debo ser ciego, sordo y mudo", ha señalado el ministro, que ha añadido: "¿Por qué los jueces de las asociaciones pueden opinar sobre esa y otras sentencias y se me niega a mí ese derecho?".

Catalá ha abogado por la independencia judicial y ha defendido el buen hacer de la inmensa mayoría de los jueces: "El respeto absoluto que tengo a la independencia judicial no quiere decir que yo no pueda hablar sobre el funcionamiento de la Justicia", ha dicho.

Además, ha recordado que entre las multitudinarias manifestaciones que se produjeron el pasado jueves por toda España tras conocerse la sentencia que condena a cada uno de los cinco miembros de La Manada a 9 años de cárcel por abuso sexual y no por violación, la de Madrid se dirigió a la puerta del Ministerio de Justicia "y no del Consejo".

"Yo cumplo con mi obligación y estoy en la reforma del Código Penal; el Consejo General del Poder Judicial tendría que estar en garantizar la capacidad y capacitación de los jueces", ha aseverado Catalá.

El Poder Judicial apeló ayer por la tarde a la moderación, la mesura y la prudencia de los responsables públicos para evitar la utilización política de la Justicia, así como el cuestionamiento de los jueces.