Ni pidieron perdón, ni lo harán. El gobierno español no tiene ninguna intención de disculparse por los mil heridos por la represión policial durante la jornada del referéndum del 1-O, aunque el delegado del ejecutivo estatal en Catalunya, Enric Millo, soltó que lo lamentaba, pero justificó la actuación de los agentes de la policía española.
Así lo ha dejado bien claro el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el Congreso en respuesta a una pregunta del diputado del PDeCAT Jordi Xuclà, que le ha reprochado que todavía no hayan pedido perdón y lo ha emplazado a hacerlo porque considera que tuvieron "un comportamiento absolutamente desproporcionado impropio de una democracia".
Ante eso, Catalá no se ha cortado ni un pelo a la hora de soltar que "si alguien tiene que pedir perdón son aquellos que han alimentado la confrontación social y el conflicto", así como burlarse, directamente, de los lesionados por la policía española el 1-O introduciendo su discurso con la frase: "Estamos todos deseosos de conocer el informe médico, la evolución de los informes de atención de los lesionados que hubo aquel día porque, es cierto, hubo centenares y centenares".
La cosa, sin embargo, no acaba aquí. El ministro de Justicia sigue ironizando con la situación poniendo encima de la mesa con un tono visiblemente sarcástico que "sería muy bueno saber qué tal les va y si están recuperados de sus múltiples lesiones, no sea que se equivoquen de mano en la que tuvieron capsulitis, como algún ejemplo que hemos conocido y tantos y tantos de manipulación como los que se produjeron aquellos días".
Atentados 'indepes'
Acusando directamente a quien "ha creado este ambiente en Catalunya", y señalando directamente a los independentistas, Catalá ha girado la tortilla y ha instado precisamente a los independentistas a "pedir perdón a todos los ciudadanos" porque, ha asegurado: "Yo no conozco a ningún constitucionalista que haya ido a amenazar, a coaccionar o a pintar la fachada de ningún independentista y sí conozco a muchos independentistas que han hecho escarnios, atentados, pintadas en los comercios y las viviendas y, como ya he dicho, cortado los suministros eléctricos y energías a servidores públicos como lo son los jueces y los fiscales".
Según Efe, este tipo de ataques tienen que ver con pintadas en las puertas o en las fachadas de los domicilios, "aunque las víctimas no lo hayan hecho público", mientras ha justificado la aplicación del artículo 155 de la Constitución porque considera que se llevó a la práctica de forma "prudente, proporcionada, razonable y adecuada a la gravedad de la situación" ante "la mayor amenaza" que ha sufrido, siempre a opinión suya, la democracia en España.