"El 155 irrumpe por la ilegalidad y acaba en elecciones, pero no es solo para las elecciones", avisaba una fuente del Gobierno desde el Senado la semana que se tramitaba el artículo 155 de la Constitución. Mariano Rajoy rechazaba parar la medida si Carles Puigdemont no renunciaba de forma explícita a la independencia y volvía al orden previo a las leyes de desconexión. Un abandono que no llegó, precipitando que la Moncloa destituyera al Govern y controlara la administración, en una secuencia que se puede repetir si los comicios del 21-D avalan a una Generalitat que mantenga el desarrollo de una Repúblicana catalana por la vía de la DUI.

"Después del 155 nada es igual. Es un aviso a navegantes para los propios independentistas que ya ven que se puede poner en práctica", afirmaba el portavoz de comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, hace unos días en una entrevista en el diario El Mundo. A las palabras de Casado se sumaban las del dirigente del PP catalán, Xavier García Albiol, quien afirmaba en El Periódico que Rajoy respetaría "evidentemente" el resultado de las urnas pero restaría expectante para reconsiderar la nueva actuación, si se reactivaba la hoja de ruta por parte de una posible mayoría independentista.

La cuestión es que el presidente podría poner en vigor la medida bajo el argumento que el nuevo Govern se mantendría "instalado en la desobediencia" nutriendo el relato con las cifras sobre empleo –presuntamente más bajas en Catalunya que en el resto del Estado–, caída del sector turístico, o empresas que inscriben la sede social en otras comunidades –huida que el Ministerio de Economía preveía taponar con el artículo 155. El Ejecutivo ahorraría incluso costes de búsqueda de apoyos, debido al precedente, una vez el PSOE y Ciudadanos cerraron filas con el PP. 

Ante ese escenario, la persistencia en la DUI llevaría al presidente a cambiar su pretensión de finalizar la intervención de la Generalitat el 21-D. Eso implicaría o bien remitir directamente un nuevo paquete de medidas al Senado, o bien volver a enviar el requerimiento –más la hoja de las medidas previstas– trámite que se puede realizar en un plazo de cinco días según fuentes del Gobierno. Si bien, la presencia mínima en la Administración catalana con el segundo 155 pasaría a ser más evidente porque con la convocatoria electoral actual se paralizó la Administración.

La circunstancia iría en paralelo a la negativa de Rajoy sobre abrirse a un referéndum pactado, bajo el argumento de la "imposibilidad" de negociar sobre la unidad de España. Por el contrario, el Ejecutivo insistiría en una negociación en los foros multilaterales, como la conferencia de presidentes, o el nuevo sistema de financiación autonómica. Aquí se descartaría la idea de un pacto fiscal para Catalunya, después de que el ministro de Economía Luis De Guindos reconociera hace semanas que no era la medida pensada, pues suponía un trato bilateral –que no aceptarían.

El hecho es que a medida que los días pasan el Gobierno fía el fin del proceso al 21-D. "Que acabe", era el clamor de Íñigo Méndez de Vigo a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes, sobre los presuntos agravios económicos originados por el Gobierno destituido con el 155. El portavoz celebraba la voluntad de ERC, PDeCAT y CUP de contribuir a los comicios, pero huía de pronunciarse sobre qué haría la Moncloa ante la nueva victoria de la hoja de ruta soberanista –a pesar de reconocer de forma contradictoria que el resultado se respetaría.

Por otro lado, los populares dicen salir dispuestos a remontar y sumar para la victoria con Cs y el PSC después del 21-D. El PP quiere potenciar su visibilidad en Catalunya, ya que según Casado, el suyo es "el partido que la ha sacado del mal trago", del proceso. Aquí creen contar con una esperada movilización de sus votantes, relacionada con la presencia de miles de personas en las manifestaciones en Barcelona por la unidad de España. De momento, Rajoy hará su desembarque en Catalunya el domingo, mientras ocho consellers duermen en la prisión en Madrid y el resto siguen en Bélgica.