El presidente Mariano Rajoy ignora al Consejo de Estado y recurrirá este viernes la candidatura a la investidura como president de la Generalitat del cabeza de lista de Junts per Catalunya Carles Puigdemont, según ratificaron fuentes del Ejecutivo. La noticia llega después del revés a Rajoy de parte de la máxima institución consultiva en cuestiones relativas a la maquinaria legal española. Los miembros de la institución han dictaminado este jueves que "no hay fundamentos para la impugnación" de que Puigdemont se convierta en candidato a president, en la sesión convocada el próximo 30 de enero, como preguntaba la Moncloa.

La cuestión es que si el Tribunal Constitucional admitiese a trámite –puede rechazarlo– el recurso aprobado mañana por Consejo de Ministros, este cursaría con suspensión inmediata de la posibilidad que Puigdemont sea presidente –una prerrogativa que sólo tiene el poder ejecutivo. Así pues, habría que esperar a que el Alto Tribunal se pronunciara sobre el fondo del asunto para resolverlo. El resultado, si bien, no tiene por qué ser el de la la nulidad de la investidura, aunque cuando hubiera fallo podría ser que ya se hubiera pasado el plazo máximo para la sesión.

Ante ese escenario, fuentes del Gobierno recuerdan que el veredicto del Consejo de Estado es preceptivo –no vinculante. Tras recibir el informe insisten en que este "avala los argumentos jurídicos planteados por el ejecutivo, pero discrepan sobre el momento temporal del hacerlo", explican. Pese a que en el caso de la investidura de Puigdemont no los reconoce, la institución estatal sí avala que los diputados en Bruselas no puedan delegar el voto. El Consejo de Estado también rechaza que sea posible hacer una investidura no presencial –telemática o a distancia.

Si bien, en el Consejo de Estado hay un elenco de personalidades de prestigio: ex presidentes del Gobierno de España, los directores o presidentes de la Real Academia Española, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Real Academia de la Historia, Consejo Económico y Social, el fiscal general del Estado –quien ha tomado posesión este mismo jueves, Julián Sánchez Melgar–, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el gobernador del Banco de España, el director del Servicio Jurídico el estado y los presidentes de la Comisión General de Codificación y de la Abogacía...

Fuentes del ejecutivo explican que la decisión de impugnar era conocida por el Partido Popular y el PSC; fuentes socialistas añaden que también la conocía el secretario general del PSOE Pedro Sánchez –que había dado su apoyo a Rajoy. Nadie habló de Ciudadanos. El hecho es que el criterio del presidente ha cambiado: si la semana anterior se pretendía esperar a que Torrent publicara el escrito donde reconocía la necesidad de utilizar medios telemáticos –que facilitaría un recurso inmediato al TC, al no ser reglamentario– esta vez el Gobierno quería poner todas las trabas ex-ante.