"El respeto a la ley es el inicio de la normalidad", decía la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría el día que la Moncloa presentaba el recurso para vetar la candidatura a president de Carles Puigdemont. "La gente quiere un gobierno ya, quiere normalidad", afirmaba exasperándose Mariano Rajoy, después de que el Tribunal Supremo impidiera a Jordi Sànchez acudir al Parlament. Si bien, la "normalidad" no acaba de llegar con el bloqueo de la investidura —en mitad del pleito judicial contra el procés— y desde la Moncloa maniobran para evitar el efecto bumerán, que amenaza con hacerles fracasar la legislatura.

La constatación emergió el viernes, cuando en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el portavoz Íñigo Méndez de Vigo no hizo ninguna alusión a la crisis catalana. No fue por falta de actualidad: horas antes Rajoy tiraba del artículo 155 para destituir a Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat, investigado por el 1-O. La decisión, si bien, no se expuso públicamente y fuentes del Gobierno se excusaban con que en ocasiones análogas tampoco se anunció el cese de un cargo de segunda fila, como sería Molons.

Lejos de la anécdota, el giro de intensidad se hace notar tras dos años de operación Diálogo —ya extinguida, las visitas habituales de ministros a Catalunya —reducidas en la actualidad a viajes concretos—, las declaraciones elevadas de tono sobre los dirigentes independentistas —limitadas ahora a la exigencia que se forme un Govern—, o la reducción en la periodicidad de los recursos al TC —el último, hace dos meses. Y todo, sumado a la negativa que fuentes de la Moncloa manifiestan sobre tratar de forzar vías para que corran los plazos de la investidura.

El motivo podría ser que para fuentes de vicepresidencia el procés està "kaputt". Si bien, el distanciamento respecto de la crisis catalana coincide con un momento delicado para la legislatura española, donde la anemia de la oposición destensa a Rajoy, aunque los conflictos no se extinguen, tras meses en los que el gabinete ministerial ha centrado grandes esfuerzos en parar el "golpe" de la hoja de ruta —como reconocían fuentes del PP, asegurando que hacía falta "hablar de otros temas" a los ciudadanos.

Ahí, la estrategia del Ejecutivo de vincular el aumento de las pensiones a la aprobación de los presupuestos generales del Estado supuso el miércoles un desafío a la oposición, que sin embargo no ha calmado las calles. El domingo los jubilados volvieron a protestar, a la espera de que el Gobierno ceda y busque formas de incrementar sustancialmente su prestación. Y en el fondo también, las mujeres que se manifestaron en la huelga del 8-M.

El hecho es que las cuentas de 2018 son la preocupación primera del Ejecutivo. Están paralizados por el 155 —ya que el PNV no quiere sentarse a negociar hasta que no se levante— e incluso esta semana el parlamento vasco instó a retirarlo. Además, el PP se niega a expulsar a la senadora investigada, Pilar Barreiro, condición de Cs para tener sus votos.

Asimismo, en la Moncloa afirman que aprobarán el proyecto el 27 de marzo, y la forma podría pasar por culpar a los independentistas de la situación para ablandar así a los vascos. De hecho, en el PP sospechan que los políticos soberanistas no se encontrarían a disgusto con el 155, pasados cinco meses de su aplicación —y esa sería la explicación por la lentitud en la formación de Gobierno, además del efecto colateral de colapso en el Estado.

De igual forma, los populares asisten preocupados a cómo los principales acuerdos de la conferencia de presidentes autonómicos de 2017 se encuentran parados: el PSOE se levantó de la mesa del pacto educativo la semana anterior, y la reforma de la financiación autonómica parece difícil de ser impulsada esta legislatura. Este paquete era de especial relevancia para frenar a Albert Rivera, debido a que son socialistas y populares los únicos que presiden autonomías.

Así las cosas, Rajoy podría encontrarse con la incapacidad de superar el proceso soberanista, en pleno año preelectoral de las autonómicas y locales de 2019 y las generales de 2020, y en un momento en el que Cs capitaliza los réditos en la crudeza del combate contra el nacionalismo. Eso podría ocurrir, primero, si es que el TC decide forzar nuevas elecciones en Catalunya, o segundo, si el independentismo plantea un candidato como Jordi Turull o Josep Rull, que alargarían el pleito ante el juicio inminente de la cúpula del procés.