"Es el final del imperio de los Cien Días de Napoleón Bonaparte", se jactaba el portavoz Íñigo Méndez de Vigo tras el Consejo de Ministros sobre la presunta residencia de Carles Puigdemont en Waterloo. La ironía y el simbolismo ilustraban el clima de victoria imperante en la Moncloa, tras vetar su investidura a distancia vía Tribunal Constitucional y una vez conocidos los SMS donde este hablaba de que "todo había terminado". El sosiego era evidente –a pesar de desconocer qué hará Puigdemont– puesto que el Tribunal Supremo podría apartar al resto de la cúpula del proceso en breve.
"Entiendo que cuando se dicte el auto del procesamiento, serán inhabilitados" decía el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Y es que a medida que el rodillo judicial dificulta la permanencia de los artífices del 1-O y la declaración de independencia, Mariano Rajoy se cree vencedor, debido a su aguante ante el rival y por el miedo a las consecuencias penales. "El Estado de derecho ha triunfado", eran las palabras de De Vigo, una vez el presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazó la investidura y antes de que Marta Rovira pusiera como condición que no haya riesgos penales para los diputados.
El hecho es que la deserción involuntaria en las filas soberanistas se había hecho notar días antes en el equipo de Rajoy. A la marcha a Bruselas de cinco miembros del Govern destituido se le sumó la salida del PDeCAT de Artur Mas; la negativa de Carme Forcadell a repetir en el cargo de presidenta del Parlament; la renuncia del exconseller de Justícia Carles Mundó; las declaraciones judiciales de algunos exconsellers, como Joaquim Forn, y la Mesa, abjurando de la vía unilateral; la prisión cautelar para el líder de ERC, Oriol Junqueras, y de los dirigentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Por ello, las miradas estaban puestas hasta ahora en el último líder capaz de mantener el enfrentamiento: el cabeza de lista de JxCat. "La investidura del señor Puigdemont es ilegítima", se inflamaba la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría sobre un "prófugo de la justicia" que solo la casualidad golpeó, pese al envite fallido del Estado con la euroorden. "Hay una clara distorsión entre lo que se dice públicamente y lo que se cree o se piensa", denunciaba De Vigo sobre unos polémicos SMS que, pese a todo, la Moncloa no ve como garantía de que el dirigente catalán se aparte al fin.
De ese modo, el Ejecutivo ya insta a Torrent a reabrir la ronda de contactos para un candidato "alternativo", que acabe con la "discordia", recupere "el camino del diálogo y del consenso", según Santamaría –para que se levante el 155. En la Moncloa insinúan su rechazo a Junqueras, en pos de un candidato "limpio, libre de procedimientos judiciales" para pasar página. Tampoco ven con buenos ojos la presidencia simbólica porque mantiene al gerundense en la palestra. "El único reconocimiento a Puigdemont es ponerse a disposición de la justicia. No tiene ningún viso de realidad", criticaba De Vigo.
Ante ese escenario, los juicios a los dirigentes soberanistas se prevén para otoño, aunque las inhabilitaciones podrían ser en marzo. Así saltó a la prensa, ante la indignación de ERC, que criticó que Catalá "avalara" esta teoría, porque podría ir "contra la separación de poderes y la presunta independencia judicial", según Esther Capella. El ministro respondió que lo había inferido a partir de dos autos, donde el juez reflexionaba sobre la Ley de enjuiciamiento criminal, porque sedición, rebelión y malversación son delitos grave.
Sin embargo, la calma que Rajoy espera se verá alterada por las presiones del PSOE para sofocar los ánimos de los más de dos millones de votos independentistas –aunque la cúpula del procés se aparte. Así lo exigió el secretario general Pedro Sánchez este martes. El líder socialista volvió a reclamar una "respuesta política" ante la crisis catalana, después de su apoyo total a la aplicación del 155. El llamamiento llegaba después de que el PP diera largas a una reforma de la Constitución, que cada vez tiene menos posibilidades de prosperar en el Congreso.