El nombramiento del nuevo Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, puede ser una estrategia para limpiar la imagen de politización de la justicia y el envite hacia el proceso independentista, ahora que el presidente Mariano Rajoy quiere empezar la legislatura del "diálogo". Según Rajoy afirmó en la sesión de investidura Catalunya y la estabilidad legislativa eran dos de sus objetivos. Precisamente, Maza no tiene mochila frente al soberanismo, como sí la predecesora, Maria Consuelo Madrigal, y además, es valorado dentro del cuerpo judicial como alguien independiente, que puede seducir a Ciudadanos.

Madrigal deja la Fiscalía entre acusaciones de crudeza por parte de algunos, en el marco de aquello que ya ha recibido el nombre de la "judicialización de la política" hacia el soberanismo. La misma exfiscal empezó el año judicial afirmando que usaría "todos los mecanismos" al alcance para combatir el procés, que a su parecer "faltaba al respeto" de la ley. La afirmación avivó el malestar a la Generalitat, siendo acusada de "politización" por miembros del Govern. Es el caso de la consellera de la Presidència y portavoz, Neus Munté, quien aseguró que la palabra "combatir" definía aquello que opinaba la jueza.

Opiniones aparte, durante el mandato de Madrigal el Estado ha exhibido la fuerza de la maquinaria judicial como la "garantía" de la legalidad. En su haber queda la investigación al expresidente Artur Mas, las conselleres Joana Ortega e Irene Rigau por el 9-N. También fue la fiscalía quien abrió la vía penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Uno de los precedentes recientes es la acusación de "sedición" al concejal de la CUP en Vic, Joan Coma. Y en adelante, con el "o referéndum, o referéndum" del presidente Carles Puigdemont, se esperaba que el envite se extremara.

Así las cosas, la situación podría haber alertado incluso a altas esferas de poder en el Estado. Alguno de los líderes que visitaron al Rey durante la ronda de consultas para encontrar candidato a la investidura tuvieron la impresión de que el monarca desaprueba usar la justicia para hacer política, según dijeron a El Nacional después de haberse encontrado con Felipe VI. Todo ello, siempre des de su óptica y la opinión que extrajeron de la conversación mantenida.

Bajo la sospecha de la hipótesis catalana, algunos medios después del Consejo de Ministros de este viernes han preguntado al portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, sobre si Rajoy había cambiado la estrategia en cuanto a Catalunya. Méndez de Vigo se ha excusado en la "idoneidad" del candidato y diciendo que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el gobierno creían que sería la persona que "mejor" podría cumplir con la función. Pero Catalá sí había manifestado en círculos privados su acuerdo con Madrigal y muchos periodistas que siguen el tema estaban convencidos de su continuidad.

De hecho, la casualidad hizo que Maza estuviera en Barcelona este viernes y exhibiera poco ánimo –de momento– de manifestarse en cuanto al proceso. "Sería temerario por mi parte y empezaría a dar mal ejemplo y mala imagen si me atreviera a hablar sobre estos aspectos" dijo el nuevo fiscal general. En eso, sumó el silencio sobre si Forcadell tenía que ser tratada por la vía penal o la del Tribunal Constitucional, ahora que lo podría hacer.

Otras versiones interpretan que Maza podría todavía contribuir a fortalecer el envite hacia Catalunya. Por ejemplo, algunos periodistas de la derecha mediática, como Federico Jiménez Losantos habían cargado contra Madrigal por una presunta permisividad en la defensa de la legalidad constitucional. En su programa radiofónico matinal, Losantos solía valorar como insuficientes las acciones del exfiscal para "defender" la Constitución.

La independencia judicial

Al mismo tiempo, Maza podría ser clave para exhibir despolitización de la Justicia, ahora que el PP se ve involucrado en juicios como la Gürtel o las Tarjetas Black. Fuentes de Moncloa han explicado a El Nacional que desconocen si la decisión ha sido consultada con C's, pero fuentes del partido naranja dicen que no. La formación no forma parte del ejecutivo pero firmó un pacto de investidura donde la corrupción y la unidad de España estaban presentes. Así, Maza puede jugar un papel clave en asuntos que C's defiende, como la independencia de la Justicia, profundizando la confianza en el PP.

La posibilidad cobra vida después de que las principales asociaciones de fiscales han valorado positivamente la propuesta de Maza. El portavoz de la Asociación de Fiscales, Emilio Frías, ha señalado que se trata de un jurista "reconocido prestigio" y ha adelantado que tiene en frente la tarea de modernizar el colectivo, adaptarlo a la Ley de enjuiciamiento criminal y adecuarlo a las necesidades actuales. A su vez, Miquel Pallarés, de la Asociación profesional Independiente de Fiscales (APIF), ha dicho que Maza es un "magnífico profesional", que con una dilatada carrera conoce muy bien la tarea de jueces y fiscales.

Al margen de esta valoración, Pallarés ha afirmado que cuando el fiscal general del Estado no es fiscal de carrera se produce una "mayor objetividad" en el ejercicio del cargo, en referencia a Maza. Este fue portavoz de la Unión Judicial Independiente y después de una destacada trayectoria en la audiencia provincial, recaló en 2002 en el Tribunal Supremo para cubrir la plaza de Adolfo Prego, que había sido elegido vocal del CGPJ. Precisamente, la hemeroteca registra una serie de casos donde el próximo fiscal se habría desmarcado, exhibiendo un pensamiento propio diferenciado.

Doctrina Botín

Maza fue uno de los cinco magistrados del alto tribunal que emitió un voto particular contrario al establecimiento de la conocida como 'Doctrina Botín'. Esta comportó el archivo en diciembre de 2007 de la causa abierta al entonces presidente del Banco Santander Emilio Botín en el caso llamado 'cesiones de crédito'. Se estableció semillas que, en función de sí los delitos tienen o no carácter público, no era suficiente con la única petición de la acusación popular para abrir juicio oral y sentarse a los acusados en el banquillo. En su opinión, había que hacer valer la denuncia de los ciudadanos.

Podemos

El nuevo Fiscal General del Estado ha sido también el magistrado ponente de la resolución por la cual el alto tribunal inadmitió a trámite en abril de este año la querella presentada por Manos Limpias contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, su número dos Iñigo Errejón y otros miembros del partido en relación con subvenciones de carácter presuntamente ilícito entregadas por los gobiernos de Irán y Venezuela. Maza propuso el archivo de la causa al entender que los hechos no eran constitutivos de ilícito penal y que no tenía "elementos acreditativos iniciales mínimos".

Responsabilidad Penal de las empresas

En febrero de este año Maza fue ponente de una sentencia de la Sala Segunda donde por primera vez se apreció la responsabilidad penal de las personas jurídicas de las empresas. Muchos despachos de abogados destacaron por la resolución por su dureza. El hecho es que los magistrados advirtieron de situaciones futuras donde podían producir conflictos de intereses entre las personas físicas acusadas del delito y las personas jurídicas que sean representadas por estas mismas, elemento que podría originar una conculcación efectiva del derecho de defensa de la empresa.

El PSOE y el PDECAT, en contra

Quien se ha opuesto de momento es el PSOE, quien ha cree que la trayectoria "conservadora" de Maza como magistrado no garantiza la independencia y puede dejar en una posición de subordinación en el ministerio fiscal ante el Gobierno. "No parece la persona indicada para alcanzar el consenso en una legislatura sin mayorías absolutas", decían fuentes socialistas a través de una nota. Al respecto, el partido exigirá que el fiscal explique sus planes en materia de corrupción y recuerda que el Congreso aprobó la creación de una comisión de investigación, esencialmente, para abordar la Operación Catalunya.

A su vez, la portavoz de Justicia del PDECAT en el Congreso, Lourdes Ciuró, ha criticado que Rajoy haya vuelto a nombrar "a dedo" al fiscal general del Estado. En un comunicado, se censura que el ejecutivo "se haya hecho el sordo" a las "alertas" del Consejo de Europa sobre la falta de independencia judicial en España.