Diciembre de 2016. Soraya Sáenz de Santamaría busca un enchufe para cargar el móvil en la sede de la Delegación del Gobierno en Barcelona. Junto a "una mesa y una silla" era lo único que decía necesitar para la presunta Operación Diálogo. Se trataba de pisar la calle, fundirse en el ambiente y hacer al Estado "necesario" en Catalunya. Mayo de 2017. Mariano Rajoy equipara un borrador –desmentido– de la Ley de Transitoriedad con la "peor de las dictaduras". El Estado se pone en guardia. Frente a "la amenaza" del referéndum, advierte que se defenderá con todos los resortes para impedir el "coste mundial de la presencia de urnas".

El Gobierno ha entrado en una escalada verbal sin precedentes en su estrategia de cerrar el paso al soberanismo. Las acusaciones de "golpe de Estado" de la ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, "de atentado a la Constitución" del portavoz Íñigo Méndez de Vigo y las referencias al "trauma entre las familias" de Rajoy evocan un escenario de conflicto, que no se produjo ni en tiempos del lehendakari Juan José Ibarretxe. El giro tan pronunciado ha alertado incluso al president Carles Puigdemont, quien ha convocado este lunes una cumbre con los partidos favorables al referéndum.

La cuestión es que la Moncloa se encuentra en una pantalla desconocida para una España que solía paliar parte de las tensiones territoriales con los presupuestos generales. La estrategia de Rajoy de la "lluvia de millones" en Catalunya no consiguió "pinchar el suflé", ni satisfizo las aspiraciones del 70% de los catalanes que quieren una consulta pactada. Asimismo, el PDeCAT intenta huir de las formas pactistas del PNV y CiU, el Govern no quiere participar en una nueva financiación en el Estado y las promesas de inversión en Catalunya son cuestionadas por los diarios.

La apuesta por la sociedad civil de Santamaría tampoco ha cuajado entre las asociaciones mayoritarias. Ahora la AMI, Òmnium y la ANC esperan que se concrete pronto la fecha y la pregunta del referéndum. A su vez, el presidente del Cercle d'Economia instó a Rajoy a "hacer más ofertas" para neutralizar las aspiraciones del soberanismo. Lejos de eso, el presidente pidió a los empresarios el domingo en Sitges que sumaran esfuerzos para detener el referéndum. Los que fabrican urnas, a su vez, ya están avisados por la vía de la Fiscalía.

Pero el efecto disuasorio de la judicialización también ha saltado por los aires. El exportavoz del PDeCAT en Madrid, Francesc Homs, abandonó el juicio del 9-N anunciando a los magistrados que habría referéndum. Las querellas interpuestas contra la mesa del Parlament no han encogido a la presidenta, Carme Forcadell. Como tampoco lo han hecho las advertencias contra Puigdemont y la posibilidad de abrirle la vía penal de la Fiscalía. Y es que el ejecutivo catalán solo considera ya como "legítimo mandato" el del 27 de septiembre.

Sin embargo, Rajoy ha dado el portazo a la última oferta de negociación bilateral con la Generalitat. Las misivas intercambiadas solo han servido para que el Govern crea que tiene "vía libre" para el referéndum. Rajoy redobla la apuesta para que Puigdemont se exprese en el Congreso, donde el unionismo lo barrería con su mayoría. Fuentes de la Moncloa, sin embargo, dicen que la interlocución no se romperá entre gobiernos, aunque no quieren aclarar si entre homólogos se celebrarán más reuniones secretas como la del 11 de enero.

El Gobierno confiesa que ha agotado todas las vías, y mira ahora con recelo las acciones del Parlament, después de que se hiciera público que podría abrir en agosto. Según las fuentes consultadas, la Moncloa estará atenta a los acontecimientos en verano para decidir de qué forma actuar.

Santamaría dijo que la respuesta sería "proporcional" –cada avance tendrá una respuesta equivalente para intentar la acción mínima– y el presidente no se ha caracterizado nunca por llevar a cabo las ofensivas hasta el límite. Pero los avisos del Tribunal Constitucional o acorralar a los funcionarios podrían dejar de surtir efecto ante el avance del "o referéndum, o referéndum".

Por esa razón, el ejecutivo busca protegerse con el frente de fuerzas unionistas: PSOE y Ciudadanos. De Vigo espera el apoyo de Pedro Sánchez, ya secretario general del PSOE. De consumarse la Operación Precinto –orientada presumiblemente a retirar competencias de la Generalitat el día R– la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional para controlar a los Mossos, o el articulo 155, Albert Rivera se sumaría. Una decisión que dejaría en jaque a Inés Arrimadas en Catalunya, como explicó El Nacional.

Otoño de 2017. Rajoy tiene aliados y relato para legitimarse. Gestos, ofertas, intentos de disuasión y, ahora, una escalada verbal que prepara el terreno para crear un clima de excepción donde el Estado "tiene todos los resortes para defenderse y se defenderá", según Cospedal. Y es que "la democracia tiene poder para evitar el referéndum", avisa Santamaría, ya abandonado el despacho donde hace seis meses cargaba el móvil.