Mariano Rajoy no rectifica y presentará el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, donde pedirá la suspensión inmediata de la candidatura de Carles Puigdemont para la investidura. El Consejo de Ministros le ha dado luz verde ignorando el dictamen del Consejo de Estado, que reconoció que no había "fundamentos para la impugnación". En la Moncloa, si bien, insisten en que Puigdemont no se encuentra en territorio español y tiene causas pendientes con la Justicia —aunque la institución consultiva dictaminó que no se podían basar en un supuesto de ese tipo—.
"El deber de este gobierno es defender a España y al estado de derecho, defender la Constitución y la legalidad estatutaria. Máximo respecto al Consejo de Estado, pero este gobierno tiene argumentos suficientes para mantener [el recurso]. La decisión no nos vincula, ya que el dictamen es preceptivo", ha dicho Santamaría en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa. De ese modo, Rajoy irá en contra del posicionamiento del organismo, de quien se había fiado en todas y cada una de las decisiones y recursos tomados para detener el proceso soberanista, en los últimos meses.
El hecho es que el ejecutivo quiere evitar como sea posible la imagen de investir a una persona que busca "una nueva afrenta a la democracia", en palabras de la número dos de Rajoy, en tanto "que está fugado", ha añadido. "Es alguien que busca de forma ilegítima ponerse al frente de un gobierno autonómico, cuando es acusado de delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales, muy graves contra la propia democracia y las instituciones del Estado. Esta circunstancia hace que no se pueda presentar", se ha descargado la vicepresidenta.
El segundo argumento de la Moncloa es que el independentismo "tomaría vuelo" si se celebrara el pleno del martes con la propuesta del cabeza de lista de Junts per Catalunya. Preguntada por El Nacional si no se estaría agravando de esta manera la crisis soberanista, Santamaría se ha vuelto que "el respeto a la ley" era "el inicio de la normalidad" y que el ejecutivo tenía que velar por los derechos de "todos los catalanes", también los no independentistas. Todo ello aunque la legalidad permitió a Puigdemont concurrir a las elecciones, el Consejo de Estado desaconseja el recurso y el TC podría quitar la razón a Rajoy.
Así las cosas, el TC tendrá que decidir si admite a trámite el recurso —podría no hacerlo, como le pasó al expresidente José María Aznar con el Plan Ibarretxe—. El Ejecutivo se ve "obligado" a asumir ese riesgo, según se desprende, porque el "mal mayor" sería presenciar el intento de investir a Puigdemont. "Su primera obligación es ponerse a disposición de la Justicia", le ha dirigido la portavoz. Pero el "compromiso legal y político [de Rajoy] es evitar" la investidura, dijo sin explicar qué datos tenía de que el Alto Tribunal no emule la respuesta del Consejo de Estado.
Así pues, la vicepresidenta ha avisado al presidente del Parlament Roger Torrent que "había más de 100 candidatos" que no le supondrían responsabilidades penales —ya que la admisión a trámite del TC haría que no se pudiera presentar el candidato de JxCat. Ahora bien, la sesión no queda suspendida, en caso de que designe a otro. La cuestión es que no sea uno de los "fugados" a Bélgica, aunque Santamaría no se veía tampoco satisfecha con la posibilidad de Oriol Junqueras. "Tiene que ser una persona con requisitos y garantías" de ser president de la Generalitat.
El Tribunal Constitucional aún no se ha reunido, pero podría hacerlo en las próximas horas. El hecho es que la no admisión sólo se produciría en casos de defecto de forma —que extrañamente se producirán—. Fuentes del Ejecutivo explican que el PSOE apoya a Rajoy —pese a haber criticado la decisión del Gobierno ante el varapalo del Consejo de Estado—. También lo apoyará Ciudadanos, como ha expuesto Albert Rivera en público.