"Está kaputt", decían en la Moncloa sobre la vía unilateral independentista, justo después de aplicar el artículo 155 y una vez constatado que los Mossos d'Esquadra no se sublevarían. Es la misma sensación de paz invadía a Mariano Rajoy esta semana, con el pleno de investidura de Carles Puigdemont aplazado y tras filtrarse los mensajes donde el cabeza de lista de Junts per Catalunya asegura que "todo había terminado" con su "sacrificio político". Un escenario que Rajoy ve como una oportunidad para dejar paso a un candidato alternativo que sea investido en los plazos que dictaminen los servicios jurídicos del Parlament de Catalunya.

"No opinamos. Lo lógico sería atenerse al informe de los letrados" de la cámara catalana, dicen las fuentes consultadas en la Moncloa, después de que se hicieran públicas ciertas informaciones afirmando que este martes 30 de enero había empezado la cuenta atrás de los dos meses que darían paso a nuevas elecciones. Las hipótesis –ahora descartadas– se basaban en un informe del Consejo de Estado del año 2003, cuando tuvo lugar el polémico tamayazo –el transfuguismo de dos diputados socialistas de la Asamblea de Madrid, que permitió la llegada al poder de Esperanza Aguirre.

La cuestión es que la postura del ejecutivo sobre los plazos llega en un momento en que Rajoy da Puigdemont por amortizado. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría lo insinuó este martes, cuando instó al presidente del Parlament Roger Torrent a abrir una "nueva ronda de contactos" para encontrar a un candidato alternativo con que sofocar la "discordia" y "salvar la situación generada" por el cabeza de lista de JxCat". "Es hora de asumir ya en público lo que se ha dicho muchas veces y por muchos en privado", zanjaba Santamaría sobre el presunto reconocimiento del fin del procés por parte de sus líderes.

Pero más allá de los SMS, el hecho es que Puigdemont se erigía hacía días como el obstáculo de la Moncloa para pasar página del proceso, arrastrando consigo a Rajoy y al PP al abismo. La primera constatación se produjo con la debacle del 21-D, cuando el independentismo revalidó mayoría y Ciudadanos tomó impulso para disputar el espacio de derecha en España. En segundo lugar, la investidura telemática habría prolongado el 155, impidiendo que el PNV se abriera a negociar los presupuestos, ahora que la Moncloa luchaba por recuperar terreno con grandes pactos de estado con el PSOE.

Así las cosas, la "normalidad" que esperan en el Gobierno pasaría porque el nuevo candidato no sea "nadie que viva fuera de España, sino que esté limpio" de procedimientos judiciales, según fuentes del gabinete ministerial. Es decir, que no verían con buenos ojos la candidatura del líder de ERC Oriol Junqueras. De hecho, los nombres que circulan en Madrid son los de la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, o los diputados Josep Rull y Jordi Turull. "Alguien que sea capaz de recuperar el camino del diálogo y del consenso, tanto dentro de los constitucionalistas como de los independentistas", señalaba la vicepresidenta.

Ante ese escenario, la calma de Rajoy se verá alterada por las presiones del PSOE para sofocar los ánimos de los más de dos millones de votos independentistas –pese a que se cumpla el sueño de que Puigdemont se aparte. Así le exigió al secretario general Pedro Sánchez este martes. El socialista volvió a reclamar una "respuesta política" ante la crisis catalana, después de su apoyo incontestable a la aplicación del 155. El llamamiento llegaba semanas después de que el PP diese largas a una reforma de la Constitución, que cada vez tiene menos posibilidades de prosperar en el Congreso.